El reparto de los 70 millones de euros en los 14 municipios del entorno de Doñana después del acuerdo alcanzado en noviembre entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central llegará a Europa de manos de los Ayuntamientos de Almonte e Hinojos (Huelva), que están en desacuerdo con el criterio de reparto. Según ha explicado este miércoles el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ambos ayuntamientos están perfilando la presentación de una queja en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se investigue todo esto.

Dicha queja, según ha añadido en unas declaraciones recogidas por Efe, se presentará cuando el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) haya concluido el proceso de modificación del decreto que va a permitir el reparto de fondos acordado y que responde a la propuesta presentada por 12 de los 14 municipios, por el cual ninguno de ellos recibirá menos de 4 millones de euros ni más de 8 millones.

"Hemos alegado a la modificación de ese decreto en base a las renuncias que Almonte ha hecho en el tiempo en pro de la conservación de Doñana y a la población y el territorio que aportamos al espacio natural, entre otras cuestiones", ha señalado.

Sin embargo, entiende el alcalde de Almonte que en este asunto es "David y Goliat, y contra Goliat no podemos hacer nada; es todo un aparataje del Miteco que ha adoptado este criterio y lo va a llevar a cabo, por lo que lo único que nos queda es recurrir a la Unión Europea, cosa que estamos perfilando con Hinojos".

El regidor del municipio onubense ha explicado el procedimiento de la denuncia: "A través del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo vamos a presentar una queja formal y, a continuación, protocolariamente, esa queja tiene que ir de oficio a la Comisión Europea que debe iniciar una investigación".

"Denunciaremos que se ha violentado el reparto de fondos europeos, por lo tanto lo tienen que contemplar", ha dicho, añadiendo que a partir de esa investigación y "es más que evidente que no hay un reparto lógico sino político que no encaja dentro de los fondos europeos que han de tener siempre un criterio de reparto objetivo y técnico, habrá una queja al Estado español que tendrá que dar explicaciones y luego, en el período de casi un año el Tribunal de Estrasburgo, por comunicación de la UE reclame al Gobierno una rectificación".

En su opinión, es "un perjuicio que se va a causar para todo el mundo" porque "si esto se paraliza tenemos que esperar una año y los fondos tienen una caducidad a 2027".

Además, de considerarse que no se ha hecho un reparto justo se retrotraerían todas las actuaciones al principio, con lo que sería "un lío", por lo que para Bella "sería mucho más razonable, y así se le ha planteado al Ministerio, que este problema se retomara y si hubiera que buscar un mediador europeo que se hiciera, pero que el reparto que se haga se haga cierto".