El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha suspendido la declaración del ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, en relación con la investigación que se inició en el año 2016 sobre cuatro ayudas de la formación concedidas a la empresa Aulacen Cinco. Su comparecencia ante el instructor estaba prevista para mañana martes, pero uno de los letrados ha alegado que estas declaraciones coincidían con otro señalamiento y el juez ha decidido finalmente suspenderlas, sin que se haya fijado una nueva fecha, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA).

En enero pasado, el magistrado citó a declarar a Velasco para el 27 de febrero, y también citó el 5 de marzo también como investigado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que actualmente está en prisión cumpliendo condena por el caso de los ERE, y a los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García Martín.

El instructor ha citado a declarar a un total de diez investigados los días 27 de febrero y 5 de marzo, mientras que los días 13, 14 y 20 de febrero, el magistrado ha citado a declarar a un total de 16 testigos, según refleja el auto facilitado este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre los imputados figuran además Antonia M. L., esposa de Rafael Velasco, que aparece como representante legal y administradora única de la empresa Aulacen 5; y sus hermanas Rafaela -evaluadora en los cursos de formación subvencionados- e Inmaculada -docente en los cursos de formación subvencionados-; y Pedro Velasco, hermano del ex dirigente socialista y que figura como docente en los cursos.

El juez ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aporte los atestados elaborados en relación a los denominados "entramados empresariales" de varios investigados en la causa de formación, como el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido- y Rafael Velasco.

También ha ordenado que se realice una consulta telemática sobre el mantenimiento o cese de la actividad económica de la empresa Aulacen Cinco, que recibió cuatro subvenciones de la Dirección General de Formación por importes de 82.593 euros, 41.296,5 euros, 41.296,5 euros y 28.752,30 euros entre los años 2006 y 2009, respectivamente. En total, Aulacen Cinco habría sido beneficiaria "injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía" que asciende a 193.938,30 euros, que fueron otorgados "al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados, privándoles de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción; con desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo", asevera el instructor.