El Ministerio de Hacienda planea blindar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo de naturaleza estatal cedido a las comunidades autónomas. Mediante la fijación de un tipo mínimo fijo, el departamento dirigido por la ex consejera andaluza María Jesús Montero, pretende impedir que las comunidades autónomas, como es el caso del anuncio hecho por PP y Cs sobre su bonificación al 99% en Andalucía, haga prácticamente residual un impuesto que 2016 reportó a las arcas públicas andaluzas un montante de casi 235 millones de euros.

El debate por el impuesto de Sucesiones es una batalla que mantienen desde hace años los dos polos ideológicos. No en vano, Ciudadanos logró arrancarle a la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un acuerdo para variar la base imposible en la concluida X Legislatura, periodo en el que la formación naranja fue aliada de Susana Díaz para lograr la investidura en 2015.

Incluso con tal compromiso, el PSOE estuvo regateándole a su socio de investidura la reducción del impuesto durante no poco tramo de la legislatura. De hecho, fue la aprobación de los Presupuestos andaluces de 2018 la que propició al fin la rebaja del tipo impositivo.

Curiosamente, 2017 es el año que señaló el comienzo del decremento de la recaudación de tal tributo, que se vio ininterrumpidamente incrementado en los ejercicios precedentes.

Valga un dato. La Junta de Andalucía pasó de ingresar por el concepto de Sucesiones 208 millones de euros en 2012 a sumar casi 235 millones. En 2017, la recaudación se debilitó en unos 10 millones, llegando a los 224 millones.

Las tornas se han visto del todo modificadas tres años después de aquel pacto PSOE-Cs. Las elecciones han determinado que sean ahora Ciudadanos y PP, adalides de una menor presión fiscal para los ciudadanos, en general, y de la eliminación de los citados impuestos de Sucesiones y Donaciones, en particular, quienes vayan a gobernar con toda probabilidad en los años venideros.

En su acuerdo de programa, cuyo inicio parte de una "bajada de impuestos para la clase media y trabajadora", integra una medida que da continuidad a la "reforma fiscal anterior del impuesto de Sucesiones y Donaciones", que no sólo mantendría "la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero", sino que "bonificaría el 99% de la cuota del impuesto para parientes directos".

En Madrid, no obstante, no están por la labor. Si hace un mes el Congreso votó contrario a la supresión del impuesto de Sucesiones, es ahora el Gobierno el que plantea su blindaje. La guerra fiscal no ha hecho más que empezar.