El PP-A y CSIF de Andalucía hicieron ayer causa común contra el tijeretazo dado por la Junta al sueldo de los funcionarios y empleados públicos dentro de su plan de ajuste. Para el partido y el sindicato está muy claro: el Gobierno que preside José Antonio Griñán se ha vengado del colectivo de los trabajadores de la Administración por "echarse a la calle" contra la reordenación del sector público.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, y otros miembros de la dirección del partido mantuvieron ayer una reunión con la cúpula de CSIF-A. Tras el encuentro, la vicesecretaria de Relación con las Organizaciones Sociales del PP-A, Alicia Martínez, anunció que el grupo parlamentario presentará en la Cámara una proposición no de ley, "compartida en su totalidad" por el sindicato en el que se emplaza a la Junta a que abra un proceso de diálogo con las centrales sobre la función pública. Esta iniciativa aboga por "un adelgazamiento de la Administración, con menos políticos y más funcionarios", la eliminación de duplicidades, la descentralización de funciones y que la Junta "no compita con las empresas privadas".

"Todos los altos cargos tienen que tener el mismo recorte que el que se les ha practicado a los funcionarios, y no sólo el 5% que se ha rebajado el presidente", subrayó Martínez, para quien es crucial reformar la ley de Hacienda Pública. "Sólo así se puede garantizar que no se gaste un euro de la Administración sin la aprobación de los funcionarios", agregó.

El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, lamentó que en los dos últimos años el poder adquisitivo de los funcionarios haya bajado un 21% y mostró su malestar por las medidas del Gobierno andaluz. "Hay otras partidas presupuestarias que se podían haber tocado antes que ésta", protestó Heredia, que aseguró que el recorte que se le va a hacer a los funcionarios no es del 5%, sino que se situará entre el 6,5% y el 8%, llegando en el caso de los interinos hasta el 15% .

En este contexto, dijo que a los altos cargos y al presidente de la Junta el recorte salarial que debería aplicárseles tendría que ser del 30%, "puesto que tienen una renta mucho más progresiva". Heredia recalcó que el 70% de los empleados públicos andaluces no cobra más de 1.300 euros brutos mensuales.

El consejo autonómico de CSIF-A aprobó que la campaña Rotundamente NO en contra de los "recortes" se prolongue durante todo el mes de junio, de forma que tendrán lugar una serie de movilizaciones que finalizarán con una gran concentración frente al palacio de San Telmo el día 26 de junio y una recogida de firmas "para que se reduzcan los salarios de los políticos y altos cargos en un 30%".