La Junta de Andalucía ofreció ayer un gesto a los sindicatos con la intención de poner fin al conflicto que ha motivado el recorte salarial a los empleados públicos de la Junta, cifrado en 777 millones de euros. La Consejería de Hacienda y Administración Pública anunció que ha acordado incrementar de un 5 a un 7,5% el recorte en la nómina de sus altos cargos. Así el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pasaría de ganar el año pasado 68.981 euros anuales a 63.807 euros. La medida se implantará también al vicepresidente, consejeros, viceconsejeros y directores generales. No se mencionó a los delegados provinciales ni a los directores de las agencias públicas.

Desde la Junta se afanan en destacar que el sueldo de los altos cargos se ha recortado en un 22,5% desde 2008. Sólo el presidente de Cantabria gana menos que Griñán. No obstante, fuentes de la Junta reconocen que este recorte adicional es "simbólico", ya que el ahorro extra apenas ronda el millón de euros. El gasto total de altos cargos de la Junta se cuantifica en los Presupuestos en 92 millones de euros, más otros 5,7 millones de altos cargos del Parlamento.

Sin embargo, el gesto puede ser insuficiente para contentar a los representantes sindicales que han sido convocados de nuevo hoy a la Mesa General de la Función Pública tras el fracaso de la reunión del martes. Los sindicatos continúan enrocados en sus estrategias, librando la batalla que se inició con la polémica reforma del sector público. No están dispuestos a perder popularidad ante un colectivo, el de los funcionarios, que se siente víctima propicia de los sacrificios del gasto público.

En este marco se sitúan los principales damnificados de aquel proceso de reordenación del sector público, UGT y CCOO, cuyos secretarios generales, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, que ayer vieron "difícil" el acuerdo. "No le vamos a firmar unos recortes al Gobierno, se llame como se llame y lo presida quien lo presida", dijo Carbonero, taxativo.

Pastrana y Carbonero se han negado a comparecer personalmente tras la invitación expresa de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que presidirá la reunión.

El otro sindicato con representación en la Mesa General, CSIF, promovió ayer una reunión con los restantes sindicatos para buscar una posición común. Asistieron representantes de CCOO, UGT, Ustea, USO, STAJ, CGT y SAT, y faltaron entre otros Safja, que ganó las pasadas elecciones sindicales, o Satse.

No alcanzaron un acuerdo para presentar un documento conjunto, y sólo acordaron la exigencia de que se garanticen los servicios públicos y se eviten las privatizaciones y los despidos. A partir de ahí, cada uno tiene sus intereses particulares. Por ejemplo, UGT y CCOO son sindicatos con fuerza en las empresas públicas y reclaman el mantenimiento de todo el empleo, algo que sacrificarían otros sindicatos si se prescinde de personal de las empresas públicas.

Según comentaron diversas fuentes sindicales, la postura con la que acuden a la reunión es la de reclamar a la Junta que ofrezca alternativas a esos recortes y acepte las propuestas que han presentado sobre recortes de gastos "superfluos".

Se da la circunstancia de que la propia Martínez Aguayo, instó ayer a los sindicatos que planteen "una alternativa públicamente" o bien flexibilicen "las posturas maximalistas". Cada parte no se mueve de su rincón, y así la reunión de hoy parece estar de nuevo abocada al fracaso.

Los sindicatos consideran que, incluso en el capítulo uno, hay margen de recorte sin afectar a los sueldos de los empleados públicos. Hablan del uso de coches oficiales, de los complementos salariales al personal de confianza o de los sueldos del personal de las empresas públicas. Reclaman a la Junta conocer a cuánto asciende este coste. "A partir de que nos digan una cifra, de lo que resta, podemos negociar el esfuerzo que hagan los empleados públicos", señalaron desde CSIF, que reclama el recorte al 50% de los altos cargos o aluden a cómo otras comunidades, como Extremadura, van a reducir el número de diputados. Estos representantes, entre los que se encuentran sindicatos de sanidad y educación, reivindican "ejemplaridad" y tienen los focos puestos en los "privilegios" de políticos y personal de confianza. "No es posible que a un interino, o a un celador, se le recorte un 15% y el presidente se quite sólo un 5%", apostillan.

Los sindicatos presentes en esta reunión preparatoria apenas entraron a valorar la propuesta de IU de que se salve a los empleados mileuristas y se aminore el impacto a los interinos al pasar el ajuste de sus sueldos de un 15% a un 10%, ya que estimaron que el posible ahorro de 40 millones es insuficiente. Estos sindicatos quieren que Hacienda se comprometa a adelgazar hasta la extenuación el "gasto paralelo" antes de entrar a negociar los ajustes a los empleados públicos.