La Junta aún no ha decidido si recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de tasas judiciales, aunque el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, insistió ayer en reclamar al Gobierno Central la derogación de esta norma que entra hoy en vigor tras la publicación en el BOE de los modelos de autoliquidación.

Emilio de Llera reiteró ayer que la norma es "injusta e insolidaria" y vulnera el principio de igualdad y acceso a la tutela judicial efectiva recogidos en la Constitución, por lo que pidió al Gobierno que "escuche el clamor unánime" en contra del tasazo judicial, que ha unido a todos los operadores jurídicos, organizaciones sociales y sindicales, y a los grupos políticos de la oposición.

De Llera subrayó que la ley de tasas es "inadecuada y desproporcionada" y, a su juicio, situará en una "posición de debilidad a muchos ciudadanos". El consejero entiende que la medida puesta en marcha por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, representa un "ataque a una franja importante de la sociedad, como son las clases medias y trabajadoras, que deberán desistir a partir de ahora de ejercer la defensa de sus derechos e intereses por razones económicas".

El consejero andaluz aseveró que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía continúan estudiando la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, ya que, según De Llera, "existen motivos y fundamentos para plantear esta cuestión porque las tasas pueden afectar a derechos recogidos en la Carta Magna".

Para el responsable de Justicia e Interior, la norma que a partir de hoy grava con cantidades de entre 50 y 1.200 euros la realización de determinadas actuaciones en las jurisdicciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa, "no atiende a criterios de proporcionalidad y puede hacer peligrar la igualdad de oportunidades, ya que prevé el pago de una cantidad fija con independencia de la importancia económica del proceso o de la situación económica de las partes" que se enfrenten en un concreto litigio.

Por ello, Emilio de Llera entiende que se trata de una ley que contempla unas "trabas excesivas", al establecer en el desarrollo de su articular el pago de unas cantidades que pueden superar las de la propia pretensión del pleito o incrementarlo por encima del 100%, "lo que conlleva un efecto disuasorio evidente para esos asuntos de escasa cuantía".

El consejero concluyó que la tasas no servirán tampoco para racionalizar el uso de los servicios públicos, puesto que los ciudadanos acuden a la Justicia "para defender cuestiones que consideran legítimas y no de forma arbitraria".