La Consejería de Educación volvió a explicar, por tercer día consecutivo, la subida aplicada a ciertas actividades y servicios escolares que, a pesar de traer aparejada la esperada crítica de los grupos de la oposición y de ciertos colectivos de la enseñanza, según explicaron a este periódico desde el Ejecutivo autonómico, se trata de un “acuerdo con el sector alcanzado en el año 2021” que “se aprueba todos los años en las mismas fechas” y que “entre en vigor de manera automática en un intento por ofrecer el mejor servicio posible”.

Las mismas fuentes reconocieron su “extrañeza” por estos comentarios, habida cuenta de que, insistieron que“fue acordado con todo el sector educativo, por lo que se ha aplicado por tercer año consecutivo y todo el mundo de la enseñanza, lo conoce de sobra, no es algo nuevo”.

Desde Educación también insistieron en que se trata de “una actualización mínima, derivada del aumento de costes producido por el alza de los precios” y que tiene como objetivo “continuar prestando los mismos servicios con el mismo nivel de calidad que hasta este momento”.

Además, quisieron añadir, por ejemplo en lo que respecta al servicio de comedor escolar (que pasa de costar 4,78 euros al día a 4,98) que “el 45%de los escolares que optan por este servicio (aproximadamente unos 250.000 en toda la comunidad autónoma, lo que supone cerca del 33% de los 746.940 alumnos de todo el sistema educativo andaluz), no pagan absolutamente nada por él y que otro porcentaje similar, tiene importantes descuentos sobre la cuantía general, por lo que la subida completa se aplica apenas al 10% de quienes utilizan este servicio,”, es decir a unos 25.000 alumnos.

Lo que no pudieron explicar es la manera de explicar esa subida. Se decidió en el último Consejo de Gobierno antes de vacaciones, el pasado 27 de julio y efectivamente se encontraba en el orden del día con el número de expediente 824_23-DEFP (por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional) y el epígrafe era la “Propuesta de acuerdo por el que se revisan las cuantías de los precios públicos de los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos de Andalucía, establecidos en el apartado A) del Anexo I del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de marzo de 2018, por el que se fija la cuantía de los precios públicos por los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos y por el servicio de residencia en las residencias escolares de Andalucía”.

No obstante, ni en la documentación que se hace pública después de cada Consejo de Gobierno (23 páginas), ni en la página web en la que se desgranan los asuntos tratados en la reunión semanal del Ejecutivo (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/ultimo.html) , ni en la rueda de prensa que protagonizó el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, se hizo mención alguna a esa decisión.

Esta manera de comunicarlo, motivó una reacción de los partidos de la oposición, aunque destaca la ausencia de pronunciamiento de los sindicatos del sector educativo, lo que abunda en la posición de que se trata de un acuerdo consensuado con ellos. En cualquier caso, el parlamentario socialista Jacinto Viedma lamentaba el incremento de precios, ya que a su juicio, “las familias pagan en torno a un nueve por ciento más en las prestaciones complementarias desde que el PP llegó al gobierno de la Junta de Andalucía”, algo que considera “un ataque a la conciliación familiar por parte del gobierno de Moreno Bonilla, al que exigimos desde el Grupo Socialista que recule y deje de ahogar a las familias andaluzas”.

Viedma sí centraba sus críticas en la manera en la que se produjo la aprobación de la subida, algo que se hizo “con nocturnidad” y “dos meses después de que el alumnado realizara la matrícula para el curso 23-24, lo que deja a las familias con un desajuste en sus cuentas. Es una auténtica desfachatez que Moreno Bonilla y su equipo señalen a logros sociales tan importantes como la subida del Salario Mínimo Interprofesional para defender el aumento de precios en los servicios de la educación pública”, algo que “evidencia que su objetivo va a ser siempre desequilibrar la balanza en favor de aquellos que más tienen”.

Por su parte, la parlamentaria y portavoz de Educación del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, insistía en solicitar a la Junta que dé “marcha atrás” por entender que la Junta “use el rodillo de la mayoría absoluta para asfixiar un poco más a las familias andaluzas”, aprobando la “tercera subida en dos años” en los precios públicos de dichos servicios”.

La formación recordó también que esa subida “fue acordada en el último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones, celebrado el 27 de julio, si bien el portavoz de la Junta”, Ramón Fernández-Pacheco, “omitió dicha información” en la rueda de prensa posterior a la reunión. Durán denunció que la Junta de Andalucía “ha intentado ocultar una mala noticia para los bolsillos de las familias trabajadoras, y sin pudor alguno ha llevado a cabo un nuevo tarifazo” que “indica que este Gobierno no cree en la educación pública”.