Sosegado y seguro. Así, compareció el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ante la comisión parlamentaria que investiga el destino de 3.000 millones a cursos de formación para el fomento del empleo de 2002 a 2012. El momento más complicado para el predecesor de la actual jefa del Ejecutivo, Susana Díaz, fue cuando la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero mencionó al que fuera durante un tiempo su mano derecha en la organización del PSOE, Rafael Velasco, quien dimitió y abandonó la vida política tras conocerse la existencia de una empresa dedicada a la formación que se habría beneficiado de ayudas de la Junta a nombre de su mujer.

Ruiz-Sillero aseguró tener pruebas documentales que demuestran que la esposa de Velasco tenía un sueldo de 4.500 euros y el hermano del ex dirigente socialista de 9.500, gracias al total de 750.000 euros que recibió en ayudas a la formación en cuatro años. La diputada popular le dijo a Griñán que “sus dos delfines son sus dos grandes debilidades”, referencia al propio Velasco y a Susana Díaz.

En respuesta, el ex presidente sentenció: “No son mis puntos débiles, sino mis dos puntos fuertes”. Sobre la academia de la mujer de Velasco, aseguró no conocer una situación de ilegalidad acerca de dicha empresa y que la dimisión del vicesecretario general del PSOE-A fue por “cuestiones personales que no puedo revelar aquí”.

Sobre este caso en particular, y sobre cualquier otro en general, Griñán indicó que “no quiero prejuzgar, si se demuestra que cometiera alguna ilegalidad, seré el primero en realizarle un reproche moral, y si es militante socialista, el reproche será doble”. Además, reprobó al PP que no espere a la conclusión de la investigación judicial antes de acusar a ciertos empresarios y altos cargos de la Junta de cometer fraude con el dinero de la formación: “Están prejuzgando y yo no pienso hacer eso”.

Ruiz-Sillero concluyó que el caso de Velasco es una muestra significativa de cómo “se podía ganar dinero con los cursos de formación” financiados por la Junta cuando la ley prohibía que los empresarios u organizaciones públicas pudieran obtener lucro con su organización.

La comisionada del PP interrogó a Griñán sobre la decisión de Susana Díaz de paralizar los programas de formación “hasta no clarificar el uso que se estaba dando a los mismos” cuando llegó a la Presidencia del Gobierno andaluz. Griñán emuló a Manuel Chaves, que compareció justo antes que él, y dijo: “No voy a valorar las opiniones de la presidenta de la Junta, le puede preguntar a ella mañana”. Griñán sí quiso matizar, que Ruiz-Sillero estaba “interpretando a su manera” las palabras de Díaz, y que, en todo caso, la decisión de la actual jefa del Ejecutivo le parecía “responsable”.

El ex presidente de la Junta también se refirió al ex consejero Ángel Ojeda, cuyas empresas organizaron cursos por decenas de millones de euros, y al también ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, ambos imputados por este caso, “Nunca he hablado con Ojeda de formación ni con Fernández de nada relacionado con él”. Además, especificó que cualquier subvención a Delphi aprobada por el Consejo de Gobierno estaba respaldada por todos los informes legales pertinentes y que “su gestión ya era responsabilidad de la Consejería”.

Igualmente, indicó que sustituyó a Fernández tras ganar el Congreso por el que fue nombrado secretario general del PSOE, cuando cambió el Consejo de Gobierno heredado de Manuel Chaves, y no “por los ERE o los cursos de formación”.

Griñán, como ya hicieron la mayoría de los altos cargos de la Junta que han pasado por la comisión, reconoció la “falta de recursos humanos” para gestionar los cursos, pero apuntó a los recortes obligados por el Gobierno central como causa de esta carencia. También insistió en que la normativa andaluza es más estricta que la nacional, donde se adelanta el 100% de la subvención, mientras que aquí sólo se paga el total de la ayuda tras la entrega de la cuenta justificativa. Defendió la utilidad de las exceptuaciones masivas durante su mandato para no saturar a la administración y reiteró que esta fórmula no “significaba una exoneración”.

En resumen, Griñán, quien se calificó varias veces como “un simple jubilado”, aseguró que jamás recibió una alerta clara sobre que se estuvieran cometiendo irregularidades en los cursos hasta que no se conoció el caso de corrupción en UGT, declinó hacer autocrítica porque “la comisión no es lugar” para ello sobre la gestión de los cursos y avaló la utilidad del dinero destinado a la formación: “Sólo hay que ver la evolución de la EPA hasta 2009, llegamos a tener un 12% de paro”.