LOS catalanes están irritados. Ése es el adjetivo que emplea la prensa moderada catalana, la más seria. O sea, que deben estarlo de verdad. Y las comunidades autónomas donde menos niños nacen, también. Asturias, Cantabria, las dos Castillas, Extremadura, Galicia y Aragón se reunirán el 1 de agosto en Oviedo para formar un frente común con el que presionar a Solbes. Andalucía por primera vez hace realidad el tópico, y se coloca en la centralidad.

José Montilla y Manuel Chaves comieron juntos, y sin irritarse, el domingo pasado en Las Tinajas, en Granada, aunque bien es cierto que la casa que regenta Pepe Álvarez no da para disgustos. Hubo bastantes comensales más. El ambiente fue distendido, aunque Montilla, en su tono vital habitual -¿o es una estrategia?- habló poco. Los socialistas andaluces acababan de clausurar su congreso regional y nadie se imaginaba lo que se avecinaba la siguiente semana. ¿El qué? La publicación de las balanzas fiscales y la presentación de las bases del nuevo sistema de financiación autonómica. Mientras Solbes describía en Madrid un modelo de reparto del dinero entre las autonomías muy similar al que elaboró el vicepresidente andaluz José Antonio Griñán, su homólogo catalán, Antoni Castells, respondía en el Parlamento a una pregunta del PP sobre energía; bajó del estrado; se fue a ver a Montilla, y tras una plática de no más de un cuarto de hora, dijo: "El sistema presentado por Solbes es decepcionante, insuficiente y preocupante". Irritados. Tanto lo están que el lunes, antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se reunirán el PSC, los de Esquerra, CiU e, incluso, el PP, abandonado al ostracismo en la pasada legislatura catalana por el pacto del Tinell. Incluso Montilla ha dado a entender que podría segregar los diputados del PSC del grupo socialista en el Congreso.

En Andalucía, José Antonio Griñán, que es bastante más largo que Catells, realizaba unas moderadas declaraciones, aunque por dentro debía estar pletórico. No hizo la ola porque no era cuestión de seguir irritando más a un gobierno amigo como al catalán ni al resto de comunidades. El modelo de Solbes carece de pegas, aunque aún es inconcreto. Ahora bien, asegura la suficiencia de todas las comunidades autónomas, blinda la capacidad de éstas para dotar a sus ciudadanos de unos servicios sanitarios, educativos y sociales iguales en toda España y, además, se guarda una cantidad de dinero para equilibrar los desajustes del Estado del Bienestar. La base de reparto es la población real, de ahí que las comunidades menos prolíficas estén exigiendo correcciones como la dispersión de la población.

Los catalanes han contestado que estas bases violan su Estatuto, porque el texto define que ellos gestionarán el 58% de los impuestos especiales en vez del 50% propuesto inicialmente; porque ellos deben negociar de tú a tú con España, pero sobre todo porque la "solidaridad" tiene un límite en esta ley orgánica: el Estado del bienestar será similar en todas las regiones "siempre y cuando éstas realicen un esfuerzo fiscal similar". Es decir, que si un catalán y un extremeño coincidieran en el servicio de Urgencias de un supuesto hospital estatal, el primero podría decirle al otro: "Oiga, déjeme entrar a mi primero, que le muestro mis balanzas fiscales".

Y éste ha sido el segundo problema, las balanzas fiscales. De su lectura se puede entender plenamente de dónde procede la irritación catalana. Estas balanzas publicadas por el Ministerio de Economía de acuerdo con dos métodos y tres escenarios diferentes (son seis) dan cuenta de cuál es la diferencia entre el dinero que ingresan las comunidades autónomas y cuánto se gasta e invierte en su territorio. Hay un déficit claro en el caso de Cataluña y Baleares, porque las comunidades con rentas más altas aportan más de lo que reciben, pero Andalucía -a la que se sigue acusando de sestear en la prensa catalana- está en la zona templada de la tabla, de tal modo que ni siquiera cabría decir que sigue siendo una comunidad subsidiada.

Pero el problema catalán es otro: es el País Vasco y Navarra. Estas dos comunidades, cuyos ciudadanos gozan de las rentas por habitante más altas de España, mantienen en algunas de la balanzas un saldo positivo con el Estado: es decir, que reciben más de lo que aportan, gracias a sus Haciendas forales, un hito del federalismo asimétrico consagrado en la Constitución. Cataluña y Baleares pueden afirmar con razón que son las comunidades más solidarias de España, porque hay otras, incluso más ricas, que van por libres. Y de ahí que lo que impulse el Gobierno del PSC y CiU sea un modelo fiscal para Cataluña similar al del País Vasco y Navarra, el del concierto: un pago pactado e insuficiente al Estado mientras sus gobiernos recaudan la totalidad de sus impuestos.

Solbes está entre dos frentes, y la Junta es casi la única que le apoya. Pero no quiere hacer la ola.