El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) augura "poco futuro" a la subasta pública de medicamentos que la Consejería de Salud adjudicó el pasado lunes a 11 de los 13 laboratorios que han optado al primer concurso público de licitación, hasta el punto de que entiende que su destino final será el Tribunal Constitucional. El presidente del Cacof, Manuel Arenas, advirtió ayer que la Consejería del ramo se "equivoca" con su proceder, ya que, a su juicio, "la peor forma de hacer política y gestión pública es la que acaba judicializándose".

"Y esto es exactamente lo que va a ocurrir con las subastas, que lo que tenía que haberse resuelto en los despachos negociando va a acabar en los tribunales". Según Arenas, el Gobierno andaluz "debería haber prestado más atención a quienes desde el primer momento mostramos dudas sobre la legalidad de la medida". El presidente de los farmacéuticos recordó que el consejo ya presentó en el registro oficial del SAS un recurso de alzada contra la Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del SAS, que anunciaba este concurso de moléculas. En los fundamentos jurídicos de su recurso, el Cacof argumentaba que la convocatoria pública efectuada por el SAS "vulnera flagrantemente" normas estatales con rango de Ley Básica, por lo que resulta "nula de pleno derecho".

Además, planteaba que la subasta de moléculas es inconstitucional porque invade competencias estatales; vulnera la normativa sobre fijación del precio de los medicamentos y sobre financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS); crea desigualdades entre ciudadanos al limitar el catálogo de prestaciones disminuyendo los derechos en la elección de fármacos -Ley 41/2002 de 14 de noviembre- y atenta contra la libre concurrencia y competencia al limitar la posibilidad de licitación para laboratorios que tengan una capacidad de producción limitada.

El órgano colegial entiende que la subasta "no justifica" la forma en que se determina el número de presentaciones a seleccionar en cada uno de los medicamentos y "vulnera" el principio constitucional de igualdad.