La consejera de Pesca de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido este viernes a Bruselas que paralice la decisión "unilateral" de vetar la pesca de arrastre en 87 zonas protegidas del Atlántico, que afectaría a buques del Golfo de Cádiz que históricamente han faenado en esas aguas.

Carmen Crespo considera "fundamental" que la Comisión Europea "dé un paso atrás y tenga en cuenta informes actualizados en los que se constata una mejoría de los caladeros", ya que la medida afectaría a más de 80 barcos y a más de 400 familias del Golfo de Cádiz, según un comunicado.

"Como responsable de pesca en Andalucía mi principal objetivo es defender a la flota de mi tierra e insistir en la necesidad de que la CE tenga en cuenta la importancia social y económica de la pesca para, en este caso, el Golfo de Cádiz, y no se ciña a cuestiones medioambientales basadas en estudios ya desfasados", ha declarado.

Por todo ello, ha exigido "que se paralice esta decisión que pone en serias dificultades el porvenir de pescadores onubenses y gaditanos abriendo las zonas de pesca de fondo que pretende cerrar en el océano Atlántico, ya que no han tenido en cuenta tampoco a una parte fundamental, como es la de los operadores y los pescadores".

Crespo ha asegurado que esta decisión de Bruselas "va a provocar que flotas que están actualmente en equilibrio sean desequilibradas, ya que concentrarán el esfuerzo pesquero en espacios reducidos con lo que será inviable la actividad".

El establecimiento de estos vetos, que suponen el cierre a la pesca de fondo de 87 zonas a lo largo de la plataforma continental marina comunitaria, en profundidades más allá de los 400 metros por la presencia, o la probabilidad de existencia, de ecosistemas marinos vulnerables, tampoco es compartido al 100 % por el Gobierno de España.

De esta forma el Ministerio de Agricultura, Pesca comparte el objetivo de la conservación y protección de los ecosistemas marinos vulnerables, si bien defiende la necesidad de que sea una medida "proporcionada y equilibrada desde el punto de vista económico", social y medioambiental, y consideran que esta medida no lo es.