La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones a las entidades mediadoras, que amplíe la investigación sobre los más de 7,6 millones de euros que fueron abonados a las empresas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO, y que recabe los servicios realizados por estas sociedades “factura a factura”, con indicación del tiempo y de las personas empleadas en dichos trabajos.

En un escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público solicita que se oficie a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aporte la relación de las entidades y empresas perceptoras de dichas cantidades, y que esta relación sea enviada a los peritos de la Agencia Tributaria que están auxiliando al juzgado para que informen sobre las “operaciones que conste en sus bases de datos entre dichas entidades y empresas y todas aquellas sociedades o asociaciones que han sido beneficiarias de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas”.La Fiscalía también reclama que se requiera a los representantes de las empresas del entorno de los sindicatos que recibieron los pagos para que “aporten al juzgado justificación documental de los servicios a los que se corresponden dichos pagos, de forma detallada: factura a factura, contrato, con indicación de los trabajos -duración, lugar, periodo...- y personal empleado.

Esta petición de Anticorrupción se produce después de que la Guardia Civil informara en un atestado incorporado a la parte secreta de la causa de que las mediadoras de las pólizas abonaron más de 7,6 millones de euros al entorno de las organizaciones sindicales. La UCO señalaba en concreto que Vitalia transfirió 4.291.384 euros a los entornos de UGT y CCOO, mientras que desde Uniter se destinaron 3.253.031 euros, y 104.400 euros desde el bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís. En total, la Guardia Civil apuntaba que los pagos ascendían a 7.648.815,71 euros, aunque advertía de que la cifra podía ser incluso “mayor que la expresada”.

En el escrito remitido ahora al juzgado, Anticorrupción también plantea nuevas diligencias en relación con las operaciones realizadas por algunos de los imputados con distintas cuentas bancarias en relación con el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas y el bufete Estudios Jurídicos Villasís. Así, la Fiscalía pide a la Guardia Civil que aporte una relación detallada, por entidad y sucursal, de las cuentas bancarias utilizadas por los imputados para el cobro y posterior distribución de las cantidades recogidas en las diligencias policiales, y que se oficie al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) para que informe sobre las “denuncias, reportes y cualquier actuación de las que haya tenido conocimiento en relación a dichas cuentas”.Anticorrupción también pide que se requiera a las asesorías jurídicas de las entidades de crédito para que aporten detalle de la persona o personas que desempeñaron el puesto de director e interventor de las sucursales.

Por último, el escrito de la Fiscalía reitera la práctica de una serie de diligencias que ya solicitó en anteriores escritos, todo ello para avanzar en la instrucción y evitar el transcurso de los “plazos de prescripción para aquellas personas que pudiesen ser responsables de los hechos objeto de investigación, así como permitir el mayor reintegro posible de fondos públicos indiciariamente malversados ante el distinto alcance de los procedimientos administrativos”.

La Fiscalía, señala el escrito, reconoce la amplitud y complejidad de la causa y el trabajo que desarrollan tanto la UCO como la magistrada y el personal del juzgado, por lo que plantea que, ante la “ingente cantidad de documentación pendiente de estudiar”, se requiera por el juzgado a los órganos competentes la “necesaria ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la presente causa y que puedan dar cumplimiento en un plazo razonable a las diligencias que ya han sido acordadas así como a las que se interesan” en el actual escrito.