La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo escrito ante la juez Mercedes Alaya, a la que ha solicitado que investigue las ayudas que por importe de 35,8 millones concedió la Junta a la empresa A Novo Comlink ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga y ha pedido cuatro nuevas imputaciones además de que se amplíe la imputación al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero, entre otros.

El escrito de la Fiscalía ofrece los mismos argumentos que la semana pasada alegó Anticorrupción para solicitar la investigación de las ayudas a Altadis y pide que se impute a los directivos de la empresa A Novo Comlink España S. L., Gilbert Weill –presidente de A Novo-, el consejero delegado Carlos Castiñeiras y el director José F. Pardo, y al beneficiario de la póliza David Jiménez de Miguel.

De la misma forma, la Fiscalía reclama que se amplíe la imputación al ex consejero de Empleo Antonio Fernández García, los ex directores de Trabajo Francisco Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera, así como a la ex asesora de Empleo María José Rofa Vega, los ex directores de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete, el ex diputado del PSOE y ex asesor de Empleo Ramón Díaz Alcaraz, y el abogado José Miguel Caballero.

La Fiscalía también ha pedido que se dé traslado de las actuaciones a la empresa A Novo Comlink España y a su matriz A Novo Francia, en concepto de posibles responsables civiles.

La Fiscalía señala en el escrito remitido a la juez que ha solicitado la práctica de las diligencias relacionadas con el ERE de A Novo con la finalidad de “avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias”, todo ello en tanto no sea resuelto de manera definitiva por la Audiencia de Sevilla su petición de que se formen piezas separadas en la causa, “muy especialmente las piezas relativas a todas y cada una de las ayudas sociolaborales y ayudas directas dadas a empresas” teniendo en cuenta su volumen y previsible extensión.

Dicen los Fiscales que en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas se contabilizan ayudas sociolaborales de prejubilación con 126 expedientes, de los que se pagaron 582.189.272 euros, y ayudas a empresas y a otros por otros 275 expedientes, que supusieron pagos por 127.761.211 euros, y advierten de que a la fecha actual “no consta la confección e incorporación a las presentes actuaciones de gran parte de los informes de la Dirección General de Seguros y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L”.

La Fiscalía pide un “importante refuerzo” del juzgado de Alaya en cuanto a medios materiales y personales en el caso de que se acuerden las nuevas diligencias porque, según explica en su escrito, esta Fiscalía Especial conoce “lo limitado de los recursos humanos y materiales del juzgado, y el innegable y prolongado esfuerzo que se realiza por todo el personal del mismo”.