El ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz ha presentado un escrito solicitando a la juez Mercedes Alaya que archive la causa contra él o que, en su defecto, anule la fianza de 2.142.722,15 euros que le impuso por su imputación en los ERE, al considerar que no hay "ningún indicio de criminalidad alguna como para que se impusiera y se mantenga una medida tan grave infundada y desproporcionada como de la que fue objeto".

El abogado Fernando de Pablo, que representa al ex diputado socialista, asegura en su escrito que "no se puede mantener de manera seria y fundada imputación alguna" contra Ramón Díaz "más aún medidas de carácter o de orden real, ya que sin la existencia de indicio de delito de mala manera se puede sostener medidas tan gravosas como las que soportan".

A lo largo de una treintena de folios, la defensa rebate uno a uno los argumentos de la juez, aunque el letrado reconoce que duda de que "a lo largo de este escrito hayamos logrado hacer ver a la instructora la debilidad de los indicios contra mi representado y la conveniencia de decretar el sobreseimiento de la causa contra él, pero no tenemos duda de que ha quedado demostrado la dependencia funcional y orgánica que mantenía" Ramón Díaz de la ex asesora María José Rofa y el “nulo papel” que desarrollaba el ex diputado socialista en cualquier tipo de decisión en los asuntos investigados.