La negociación del nuevo convenio colectivo de la Diputación de Córdoba, que empezó el pasado mes de enero, amenaza con romper la paz social en el palacio de la Merced después de que el equipo de gobierno haya puesto sobre la mesa sus primeras medidas. Fuentes sindicales presentes en las conversaciones indicaron ayer que en la última reunión el diputado de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior, Salvador Blanco, avanzó algunas propuestas que, en la práctica, supondrían "eliminar derechos adquiridos desde 1987" y que "dificultarían la conciliación de la vida familiar y laboral".

Entre estas medidas que el cogobierno baraja introducir en el nuevo convenio colectivo se encuentra una nueva regulación de los días festivos. Los trabajadores tienen actualmente la posibilidad de cobrarlos o de trabajarlos y recibir, a cambio, una compensación con descansos extra, que es la alternativa por la que suele decantarse la mayoría de la plantilla. La idea es que, a partir de ahora, sólo se pueden cobrar, lo que supondría eliminar un derecho que ya se incluía en el primer acuerdo marco de la institución provincial, aprobado en el año 1987.

Otra propuesta consiste en que la plantilla, formada actualmente por 840 trabajadores, sólo pueda disfrutar de los días de asuntos propios en miércoles o jueves. Se quiere facilitar así que no queden descubiertos de personal en los departamentos que trabajan por turnos, pues el miércoles es el día de la semana en que suelen coincidir todos los funcionarios en sus puestos de trabajo.

El departamento de Recursos Humanos también avanzó la posibilidad de introducir los llamados "descansos movibles". La plantilla perdería así la voluntariedad de aceptar levantarse un día libre a propuesta de la empresa a cambio de una compensación de dos días y medio de descanso. La propuesta es que, a requerimiento de los responsables de personal, podrían levantarse descansos eliminando esta voluntariedad. Según se dijo en mesa de negociación, esto ocurriría "de forma puntual", aunque las fuentes consultadas afirmaron que ya se actúa así con los trabajadores de contrato.

Con todo, la medida que más rechazo causó fue la propuesta de introducir un aviso obligatorio de 48 horas si los funcionarios quieren cogerse los dos días libres reglamentarios por enfermedad grave o accidente de un familiar de segundo grado, lo que incluye a hermanos, abuelos y nietos. En la actualidad, este preaviso no existe y los trabajadores sólo tienen que presentar un justificante a Recursos Humanos.

A las reuniones de la mesa de negociación del convenio colectivo asisten representantes del equipo de gobierno (PSOE e IU) y del comité de empresa. UGT, con 14 delegados, tiene mayoría absoluta. Les siguen CSIF (cinco delegados), el Sindicato Independiente de Empleados Públicos -SIEP- (cuatro) y CCOO (tres). Las fuentes consultadas informaron de que todas estas medidas afectarían especialmente al centenar de trabajadores del centro de disminuidos de Alcolea, pues son los que organizan sus jornadas por turnos.

Entre las medidas de los sindicatos, el CSIF ha solicitado recuperar la jornada de 35 horas semanales, el 100% de las retribuciones en caso de baja por incapacidad temporal y el 5% del salario. El SIEP, por su parte, quiere que el cómputo horario sea mensual y no diario, que se implante la carrera profesional horizontal o que se articule un mecanismo que permita compatibilizar la actividad privada con la pública renunciando a parte del complemento específico. También quiere el SIEP que la empresa abone el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años y que asuma el coste de los documentos oficiales requeridos para desempeñar un puesto de trabajo, como la renovación del carné en el caso de los conductores.