La situación en el Ayuntamiento de Obejo es "insostenible" por el "proceder" de la secretaria interventora. Así lo ha advertido el equipo de gobierno, del PP, en varias ocasiones a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Isabel Ambrosio, para que proceda a la sustitución de la funcionaria, que recientemente ha denunciado a una edil popular por presuntas "agresiones físicas", como ayer informó El Día. El equipo de gobierno declinó realizar cualquier valoración de los hechos y se remitió al malestar generado por la labor de la funcionaria, reflejado en reiteradas solicitudes a la Junta de Andalucía para que proceda a su sustitución. El Consistorio ha solicitado, incluso, que algún técnico compruebe in situ en dependencias municipales "el problema que se nos plantea".

La principal controversia deriva de los reparos de la funcionaria a realizar pagos a proveedores, según determina la Alcaldía en un escrito, "de manera absurda e irracional". La interventora realiza "unas comprobaciones innecesarias con el único fin de demorar los pagos ordenados, lo que ha provocado el colapso total de este organismo público", según el equipo de gobierno del PP. El escrito pone como ejemplo que el servicio de Correos se ha negado a gestionar la correspondencia municipal por no autorizar los pagos, "con la gravedad que ello supone".

La Alcaldía ha llegado a reclamarle a la funcionaria "que se avenga a razones y obedezca las órdenes" que se le dan. Al no obtener resultado -según refleja otro escrito-, el Consistorio puso la situación en conocimiento de los servicios de asistencia a municipios de la Subdelegación del Gobierno, de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba para que "presten ayuda en una situación tan delicada". La denuncia por presuntas agresiones físicas supuestamente cometidas por una concejala del equipo de gobierno son posteriores a estas advertencias, en un clima ya irrespirable.

Según un escrito de la interventora, la edil "utiliza habitualmente la violencia tanto verbal como física" contra ella, lo cual "ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones" y se lo ha comunicado al alcalde "bastantes veces". La Intervención recuerda que, según la normativa vigente y las disposiciones relativas al cumplimiento de las obligaciones y funciones propias del cargo de concejal, está entre los deberes de la edil "guardar en todo momento las normas de ética y moral profesional con respecto a los trabajadores y personal del Ayuntamiento". Uno de los episodios se habría producido después de que la secretaria hubiera puestos reparos a un pago reclamado por la concejala, ante lo que reaccionó supuestamente de manera violenta.

El 22 de octubre, la edil denunció a la interventora y al grupo del PSOE en el Consistorio -que presentó una moción en el Pleno para que se aclaren los hechos- ante el puesto de la Guardia Civil de Cerro Muriano. En su declaración, negó las acusaciones de violencia y explicó a los agentes que le tomaron declaración que el único interés tras las denuncias públicas era el "desprestigio" de su persona.

No es la primera vez que la interventora realiza un escrito contra un edil o un empleado municipal. El pasado junio, de hecho, acusó a un trabajador de la pérdida de 500 euros de la caja del Ayuntamiento. También los escritos en su contra se han sucedido en un clima creciente de crispación en el Ayuntamiento. El equipo de gobierno, por ejemplo, le requirió que cesaran las visitas de varios familiares a las dependencias municipales por un asunto de protección de datos y por interrumpir, según los concejales, su trabajo, y en varias ocasiones han informado de que se ausenta de su puesto de trabajo.

También los trabajadores municipales han mostrado su desacuerdo con las decisiones adoptadas por la funcionaria en un escrito dirigido al alcalde, Luis Sánchez (PP). Denuncia la plantilla que "traslada órdenes de manera impositiva, con desconfianza e incluso con tono ofensivo", asume "atribuciones de responsabilidades que no tiene, fundamentalmente las de personal", y que "se niega a firmar, sin justificación alguna, todo lo que se le presenta". Esto ha derivado en que, según los 11 trabajadores en plantilla, "se ha ralentizado la atención a los ciudadanos".