El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dictar una sentencia que exime al Ayuntamiento matriz de Fuente Palmera de pagar una deuda de 494.163 euros que le reclama la entidad local autónoma (ELA) de Fuente Carreteros en concepto de los pagos en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en un periodo que comprende casi dos décadas, desde principios de los 90 hasta el año 2007. En palabras del alcalde de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa (Olivo), la demanda coincide con una "época muy negra y poco transparente" en el Consistorio colono, con el socialista Antonio Guisado en la Alcaldía, ahora condenado a cinco años de prisión por varias causas de corrupción.

Pedrosa dijo que la entidad estudia en estos momentos cómo actuar para reclamar una "deuda histórica" que su equipo ha calculado teniendo en cuenta la población del núcleo. "Cuando lo hemos reclamado, no había dinero por los embargos que pesaban sobre Fuente Palmera por las deudas a la Seguridad Social y a Hacienda", explicó Pedrosa.

Fue en una sesión plenaria el 27 de febrero de 1990 cuando el Ayuntamiento aprobó realizar transferencias a la ELA. La sentencia del TSJA, sin embargo, considera "inadmisible" solicitar ahora cerca de medio millón de euros "en la medida en que el acuerdo de transferencias precisa de un acto posterior concreto de aplicación", en el que se detalle la consignación precisa de la cuantía a transferir en los presupuestos anuales del Consistorio. Y, según el fallo judicial, el Pleno colono nunca dio este paso. Fuente Carreteros, no obstante, sostenía en el contencioso que la concreción de las cantidades "supondría la realización de simples operaciones aritméticas" por lo que, según esta versión, los criterios y parámetros a considerar para establecer el importe vendrían ya prefijados en el acuerdo plenario primero.

El hecho de que, durante todos los años analizados, el Consistorio colono no transfiriera el dinero de la PIE no puede achacarse simplemente a la "inactividad" de la Administración local, razón que habría bastado para que el TSJA sí apreciara las pretenciones. "La inactividad ha de suponer un incumplimiento de los deberes legales por parte de la Administración, y no basta cualquier comportamiento omisivo o pasivo", explica la resolución, que excluye los supuestos de inactividad formal. Esto es, de falta de resolución de un procedimiento en el que la inactividad se combate mediante el silencio administrativo.

Ello implica -explica el tribunal- que para aceptar la pretensión de la ELA habría sido necesaria la existencia previa de un "acto, contrato o convenio administrativo". El TSJA advierte, además, de que en el contenido del acuerdo sobre transferencias económicas firmado en 1990 entre ambas alcaldías se recoge "la necesidad de precisar el montante económico a percibir por la ELA en un acto expreso del Pleno", por cuanto tendrían que incluirse elementos discrecionales como la valoración de costes de servicios prestados junto a otros que "eliminan la posibilidad de automatismos" al concretar la cuantía que se exige.

"No quiero nada de nadie, sólo lo mío", insistió ayer el regidor de Fuente Carreteros, contrariado por que el TSJA haya dado carpetazo definitivo a lo que considera una "deuda histórica como la que la Junta de Andalucía reclamaba al Gobierno central". Pedrosa recordó que, con el dinero de la PIE se pagan las nóminas de las funcionarios y la Seguridad Social o las facturas de la luz de los edificios de titularidad pública. "En este Ayuntamiento lo han pasado muy mal en épocas anteriores por la falta de ese dinero", insistió.

La ELA de Fuente Carreteros se encuentra en la actualidad pendiente de una resolución de la Junta de Andalucía para determinar su segregación definitiva del núcleo matriz de Fuente Palmera. El pleito iniciado hace ya una década incidía, precisamente, en la política de "defender lo que le corresponde a los vecinos", insistió Pedrosa.