LA jerarquía católica española, con la complicidad de los poderes públicos de todos los colores, es especialista en jugar y ganar a la contra. Lo hizo con la reforma luterana inventándose la contrarreforma para justificar el origen mítico de la españolidad, la apropiación del patrimonio americano o la represión inquisitorial. Y lo continuó haciendo de manera sibilina contra la desamortización de Mendizábal para mantener sus cuotas de poder social y político. Sirvan como ejemplos la quiebra vergonzante de Cajasur o la vergonzante pensión vitalicia de su ex presidente. Su último asalto fue la inmatriculación registral de la Mezquita y Catedral de Córdoba, amparada en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, reformado por Aznar con la intención de equiparar a la Iglesia Católica con la Administración pública. Un escándalo monumental que vería hasta un ciego sino fuera porque esta ciudad hace siglos que enfermó de cataratas.

Sólo en Navarra, la Iglesia Católica ha puesto a su nombre 1.087 bienes que deberían ser de dominio público. La apropiación fue denunciada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio compuesta por intelectuales, políticos y ciudadanos de todas las creencias e ideologías. El pasado mes de junio se reunieron en Burlada representantes de esta Plataforma y de 117 ayuntamientos afectados, con el objeto de instar al Parlamento de Navarra y al Gobierno Foral la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo; asesoramiento jurídico a los municipios que quieran recuperar los bienes escriturados por la Iglesia; y el pago de la defensa en el caso de entidades locales que por su incapacidad económica no puedan hacerlo. En la asamblea se demostró que "en algunos pueblos se ha puesto precio para entrar o para la utilización pública de estos bienes por parte de los ayuntamientos", e incluso algunos asistentes alertaron de que "ya se han vendido bienes y otros muchos aparecen a la venta en inmobiliarias a nombre del Arzobispado".

Hace cerca de un año, el párroco de la localidad alicantina de Xàbia inmatriculó en favor del Arzobispado de Valencia la iglesia-fortaleza de San Bartolomé. Los vecinos y todos los partidos políticos del pueblo denunciaron la privatización. El cura dijo que fue un error y cambió la titularidad a la parroquia, redoblando las iras del pueblo. ¿Y aquí en Córdoba? El Consistorio comunista, ahora sin Rosa Aguilar, ha entregado al Cabildo todos los ingresos que perciban de las visitas nocturnas que nos han costado a los ciudadanos más de un millón de euros. Acepta que se llame "Templo Católico". Y se compromete con nuestro dinero al mantenimiento técnico y a la promoción del invento para que la Iglesia continúe derogando el evangelio enriqueciéndose. Ésa es la coherencia ideológica de la misma formación que abandera el laicismo, la tercera república, y que anunció en Burlada que presentaría en el Congreso una investigación sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1998. ¿Incluida la Mezquita? Perdón, ¿incluida la Santísima y privadísima Catedral de la rojísima Córdoba?