Un centenar de especialistas de 36 universidades de todo el mundo han firmado un manifiesto para exigir la titularidad pública de la Mezquita-Catedral. Historiadores, arabistas, medievalistas y especialistas en arte de prestigiosas universidades, tanto de España como del extranjero, han suscrito a lo que ellos mismos han llamado un "contundente manifiesto" pidiendo la intervención de la administración pública para "impedir la apropiación jurídica de la Mezquita de Córdoba". En un comunicado emitido ayer, explicaron que la reclamación se ha establecido para "frenar el proceso de manipulación histórica puesto en marcha por el Obispado en los folletos y material divulgativo que reparte a millones de visitantes cada año".

El manifiesto indica que "la base jurídica de la inmatriculación es muy endeble", ya que "la orden dada en 1236 por el rey Fernando III no puede considerarse una donación regia, sino la cesión de un derecho de uso". Continúan exigiendo a la abogacía del Estado "un mínimo de diligencia", ya que "podría desmontar los argumentos jurídicos. Aún estamos a tiempo".

La declaración ha sido redactada por Eduardo Manzano, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y reconocido experto en al-Ándalus, y suscrita por más de 100 especialistas de todo el mundo, entre ellos prestigiosos profesores de la talla del medievalista francés Pierre Guichard; el catedrático de Historia Medieval Ángel Galán; la arabista del CSIC Maribel Fierro; el director del Institut d'Etudes de l'Islam de Francia Pascal Buresi; el hispanista de la Universidad de Boston Thomas F. Glick; el catedrático de Historia Contemporánea Juan S. Pérez Garzón; y una larga lista de científicos de 36 universidades de diez países.

Los firmantes del manifiesto reprueban la "triquiñuela jurídica" empleada por el Obispado de Córdoba para inscribir a su nombre una "joya del patrimonio histórico español" y alertan de la operación puesta en marcha para eliminar los valores culturales y artísticos de la Mezquita reconocidos por la Unesco. "A la apropiación material", señalaron ayer, "se ha unido el secuestro de la memoria. La Mezquita ha pasado de ser un edificio que encierra un conocimiento de primera mano sobre al-Ándalus a ser herramienta de iniciación para catecúmenos".

La declaración lamenta la pasividad de la administración pública en su papel constitucional de custodia del patrimonio histórico español. Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central, indica el texto, han actuado con "desidia" y "falta de contundencia impropia de una administración democrática, obligada por el artículo 46 de la Constitución a conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad". Especialmente crítico se muestra el documento con el Ejecutivo andaluz, cuya presidenta, Susana Díaz, "se ha limitado a hacer declaraciones altisonantes sin tomar ni una sola iniciativa seria". "Una actuación razonable de la administración pública", agrega el escrito, sería marcarse como "prioridad conseguir que la Mezquita sea un bien público, portador de valores de convivencia y de integración".

También informaron de que han remitido el escrito al Obispado y a la Junta pero afirman que aún no han obtenido respuesta.

Sobre este manifiesto se pronunciaron los concejales de Ganemos, quienes manifestaron "su enorme satisfacción" por este escrito. El viceportavoz del grupo municipal de Ganemos, Alberto de los Ríos, se unió a la petición y suscribió lo dicho en el manifiesto acerca de "un mínimo de diligencia por parte de la abogacía del Estado que podría desmontar los argumentos jurídicos" reflejados en el escrito.