El sustento económico de Córdoba

H AY informes estadísticos muy reveladores, de esos que, además de la frialdad de los números, invitan a la reflexión y que explican muchas cosas. Uno de esos análisis de datos es el que ha publicado Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, del que este periódico se hizo eco hace unos días y que muestra una realidad, como es que en la provincia hay 44.953 funcionarios y empleados que trabajan para el Estado, la Junta de Andalucía, la Universidad, los ayuntamientos o la Diputación. Es decir, que casi 45.000 cordobeses trabajan para dar un servicio público al resto de los ciudadanos, cobrando sus nóminas de una administración. Eso significa además que uno de cada tres ciudadanos de Córdoba que cotiza a la Seguridad Social está empleado en el sector público.

No es cuestión de ponerse ahora a discernir si el peso de lo público debe ser mayor o menor, ni mucho menos, pero lo que es evidente es que parece demasiado elevada esa cifra de que el 30% de los trabajadores de la provincia presten sus servicios a la Administración. Seguramente habrá quien piense que son muchos y que habría que adelgazar todavía más ese sector. Es posible. Pero también cabe otra lectura, tal vez mucho más compleja, como que es demasiada escasa la cifra de personas que trabaja para el sector privado.

¿Y eso que significa? Pues es evidente que Córdoba necesita muchas más empresas y empresarios. Así de claro. Decía el exministro Manuel Pimentel hace unos días que eso de ser emprendedor es muy complicado por estas tierras de Andalucía y que además no gozan de la mejor imagen ante el resto de la sociedad. Razón no le falta, pero con un matiz, puesto en algo también han ayudado los propios empresarios y sus dirigentes para crear un estereotipo que, seguramente, no se corresponde con la realidad económica del territorio, sobre todo en lo que a pequeñas y medianas empresas se refiere. En cualquier caso, estas cifras demuestran el fuerte peso que el empleo público tiene en la provincia de Córdoba, que supera incluso el de las grandes ciudades españolas.

La consecuencia de esa enorme influencia de lo público en la economía tiene sus consecuencias y explican, a priori, algunas cosas. Así, no es de extrañar que mientras que otros puntos del país el paro va descendiendo, aunque lentamente, en esta Córdoba nuestra no levantamos cabeza, aunque el empuje de las campañas agrícolas y los meses de temporada alta del sector turístico parece que nos hacen ver otra realidad, que se nos diluye posteriormente.

Pero además, también es conocido que los empleados de la administración han sufrido un brutal descenso de su poder adquisitivo merced a la congelación salarial aprobada por el Gobierno y los recortes en las pagas extra, por mucho que el ministro Cristóbal Montoro se empeñe ahora en tratar de enmendar un poco la plan anunciando la devolución del 25% de la extra (hay elecciones en mayo, que a nadie se le olvide). Esa rebaja supone que los empleados públicos han tenido a su vez que moderar el consumo, lo que tiene su impacto igualmente en el mercado -menos ventas- y una caída por ende del número de empleados. Como diría un castizo, la pescadilla que se muerde la cola.

Para un servidor, sería una torpeza tratar de enjugar esa estadística reduciendo aún más el número de trabajadores de lo público. Este sector está claro que tiene que realizar sus propios ajustes y mejorar su productividad y eficacia. Lo que Córdoba necesita es mejorar su economía privada, con más apuestas por proyectos empresariales que aporten riqueza al territorio.

Lograr esos fines es una tarea difícil, pero no imposible, que debe aglutinar diversas medidas. La primera, sensibilidad hacia los empresarios -los que quedan- en Córdoba, porque no puede ser que patronales, sindicatos y administraciones vayan cada una por su lado e incluso ofrezcan en ocasiones espectáculos poco gratificantes como hemos visto en la ciudad. En segundo término, en el supuesto de que existan, las entidades públicas tienen que potenciar las oficinas de captación de inversiones, con personal cualificado (tanto en el plano político como en el técnico) para saber promocionar la situación estratégica de Córdoba -sobre todo en materia de comunicaciones- y minimizar sus debilidades.

Pero además, urge un cambio de mentalidad social, de manera que a través de la educación, se fomente la cultura del emprendimiento, sobre todo entre los más jóvenes, resignados a trabajar por cuenta ajena o a opositar y que ven cómo la posibilidad de instalarse por su cuenta lleva aparejado un sinfín de trámites y obstáculos burocráticos que frenan la iniciativa de quien pretende un negocio.

Tan importante como lo anterior es la autocrítica y el reconocimiento por parte de quienes representan -o eso dicen- a las entidades públicas, a empresarios y a trabajadores de que no todo se ha hecho bien hasta y que asuman errores. Que empiecen a creerse que Córdoba tiene solución.