Tecnología

La Comisión Europea confirma que Meta, Tik Tok y X (Twitter) han respondido a las preguntas sobre contenido ilegal

Redes sociales en un teléfono móvil.

Redes sociales en un teléfono móvil. / Erik Lucatero, Unsplash

La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que ha recibido toda la información que ha pedido a Meta, Tik Tok y X (Twitter) tras abrirles sendas investigaciones sobre las medidas que están llevando a cabo para eliminar el contenido que según Bruselas promueve el terrorismo tras el ataque de Hamás a Israel.

Así lo confirmó la portavoz del Ejecutivo comunitario Johanna Bernsel, en la rueda de prensa diaria de la institución, pero evitó pronunciarse cuáles pueden ser los siguientes pasos a partir de ahora.

Bruselas pidió a X que le informase antes del 18 de octubre sobre cómo se activan y funcionan sus protocolos de actuación para detectar la información ilegal, y hasta este próximo martes para que le explique qué medidas lleva a cabo para eliminarlos.

También reclamó a Meta y Tik Tok que le explicasen antes del pasado 25 de octubre qué medidas está llevaba a cabo para reaccionar al contenido detectado tras el atentado de Hamás contra Israel que dejó más de 1.400 muertos.

Estas dos últimas compañías deberán responder también antes del 8 de noviembre cómo van a actuar para proteger los próximos procesos electorales en la Unión Europea (UE) y Tik Tok -muy utilizada entre los jóvenes- deberá explicar además de qué forma protege a los menores.

Ley de Servicios Digitales

Bruselas ha reclamado esta información a las plataformas sobre la base de la Ley de Servicios Digitales (DSA) que ha entrado en vigor este año en la UE y que obliga a las grandes compañías de internet a eliminar rápidamente el contenido ilegal y a ser más transparentes en el funcionamiento de sus algoritmos.

Si la Comisión considera que no están actuando voluntariamente para eliminar este tipo de contenido, puede ordenar medidas cautelares contra las empresas, hasta que culmine la investigación.

Al final de la misma, podría imponerles una multa de hasta el 6% de su facturación mundial anual y, en última instancia, podría pedir a la Justicia europea que prohíba estas plataformas en la UE.

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