Un total de 1.713 viviendas de la provincia de Córdoba se han acogido a las subvenciones de la Junta de Andalucía para la redacción de Planes Especiales de Adecuación Ambiental y Territorial de Edificaciones Irregulares para la obtención de servicios básicos tras la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (Lista).

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Carmen Granados, ha informado este miércoles de que de las 1.713 viviendas irregulares que recibirán ayudas, que es la provincia que se verá más beneficiada en toda Andalucía, la mayoría son de Lucena, 1.647 en total, mientras que en Almodóvar del Río han sido 25 y 41 en Moriles. Llama la atención que no haya ninguna de Córdoba capital, donde se han contabilizado hasta 11.000 viviendas en esta situación, en las que viven unas 50.000 personas.

Según ha explicado Granados, la realidad es que a nivel provincial hay muchas más edificaciones irregulares que las que han solicitado las ayudas, pero muchas no están constituidas como asociación formalmente o se han desestimado por el incumplimiento de alguno de los requisitos o por no haber subsanado errores y documentación dentro del plazo. 

La línea de ayudas, de régimen competitivo, se abrió en febrero de 2023 e iba dirigida a ayuntamientos o grupos de propietarios. La cuantía total que se aprobó es de 600.000 euros, 10.000 euros por planeamiento para la redacción de los planes, que permiten, entre otras cosas, contar con servicios básicos de agua y electricidad de manera normal.

Carmen Granados ha informado de que no se ha agotado la cuantía presupuestaria de esta convocatoria. De esos 600.000 euros, la mitad quedó sin agotarse, por lo que desde la Junta están trabajando en analizar la posibilidad de una segunda convocatoria en este sentido, que se destina a subvencionar los costes directamente relacionados con la elaboración de los planes especiales, la realización de estudios, diagnósticos, difusión y demás trabajos directamente relacionados con la actividad objeto de la subvención.

La Lista abrió la posibilidad de que los ayuntamientos redacten estos planes especiales y para poder identificar y delimitar agrupaciones de edificaciones irregulares en suelo urbano y rústico (antiguos suelos urbanizable y no urbanizable) y adoptar las medidas pertinentes para el establecimiento de las infraestructuras comunes para la prestación de los servicios básicos para garantizar las condiciones de mínimas de seguridad y salubridad de la población, mejorar la calidad ambiental e integrar territorial y paisajísticamente dichas agrupaciones.

El fenómeno de las parcelaciones ilegales es un problema histórico que arrastra Córdoba capital desde hace décadas. Presenta, además, gran dinamismo, ya que de las 21 parcelaciones contabilizadas en 1986 (PGOU), se pasó a 36 en 1988 (Catálogo de parcelaciones urbanísticas de la provincia de Córdoba de Consejería de Obras Públicas y Transportes), y a 75 parcelaciones y unas 4.650 viviendas en 2001 (PGOU), hasta llegar a la actualidad cuando se cifran en más de 100 las parcelaciones y en 11.000 las viviendas fuera de ordenación en el municipio (en las que viven más de 50.000 personas), que además se han convertido en primera vivienda para el 60% de los ciudadanos que las ocupan.