Vecinos de Posadas se sientan en el banquillo de los acusados por los incidentes en el camino de Torilejos 18 años después del suceso

Tras numerosos aplazamientos y vicisitudes varias, el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba vuelve a sentar en el banquillo de los acusados a un grupo de 15 vecinos de la localidad de Posadas por los incidentes en el camino de Torilejos, una vista que tiene lugar 18 años después de los incidentes, tal y como este domingo ha denunciado Ecologistas en Acción Córdoba. La Fiscalía Provincial pide para cada acusado penas de dos años y siete meses de cárcel por presuntos delitos de desorden público, atentado a agente de la autoridad, lesiones o daños en bienes públicos. Los procesados también se enfrentan a multas de 4.500 euros.

Los hechos se remontan al 14 de septiembre de 2007, cuando varios vecinos malenos, como en otras ocasiones, acudieron a defender la titularidad pública del camino de Torilejos y a exigir su apertura, pues la propiedad de la finca donde se localizaba lo había cerrado con una cancela y un candado. Para evitar desórdenes, se desplazó hasta el lugar un elevado número de guardias civiles, aunque el asunto no se resolvió como era deseable, pues en un momento dado "los agentes cargaron contra los manifestantes y hubo lesionados por ambos lados", como ha recordado Ecologistas.

En su informe provisional de acusación, la Fiscalía expone que los vecinos habrían intentado forzar el cordón de seguridad de los agentes, sin conseguirlo, y tras ello, se fueron a otra finca colindante, rompieron la valla y accedieron. La acusación pública expone igualmente que los manifestantes habrían lanzado piedras y ladrillos tanto a los agentes como a sus vehículos.

"Impartir Justicia 18 años después no es Justicia"

Tras arrancar la pasada semana, el juicio se retoma el 22 de octubre, y hay programadas nuevas vistas el día 29 y las jornadas del 5, 26 y 28 de noviembre y del 5 y 12 de diciembre de 2025. "Impartir Justicia 18 años después de los hechos que se enjuician no es Justicia, independientemente del sentido final del fallo. Son demasiados años de demoras y suspensiones para unos hechos que nunca debieron de haber ocurrido", denuncia Ecologistas, que responsabiliza a las administraciones públicas competentes en materia de protección del patrimonio público caminero de lo acaecido en aquel momento.

Y es que, como incide la asociación, "la cancela estaba colocada ilegalmente, como así se ha demostrado con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e incluso del Tribunal Supremo por inadmisión, además de que estaba en un camino público con referencias inmemoriales del siglo XIII".

Ya en su día, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lamentó que las administraciones se "desentendieran absolutamente del problema, limitándose a enviar guardias civiles para que sufrieran las consecuencias de la incompetencia de dichos organismos”, una afirmación que Ecologistas refrenda.

La federación provincial de Ecologistas en Acción ha insistido en "mostrar su rechazo" a cómo se ha desarrollado el proceso judicial, pues "las diligencias han sido dilatadas en el tiempo sin justificación alguna" y "se han sacado del procedimiento algunos miembros de organizaciones que en principio eran considerados los instigadores" y que luego han sido considerados valiosos para las defensas.

Para Ecologistas, incluso, existirían "indicios de presunta corrupción de los organismos implicados", lo que habría culminado en un "proceso lleno de irregularidades desde sus comienzos, donde familias enteras están siendo víctimas de un contubernio en claro objetivo de eludir responsabilidades". "Todavía, a pesar de los años transcurridos, no es tarde de reconducir la situación en vía judicial, esperamos y deseamos que se haga Justicia", concluye Ecologistas.