El precio del agua subirá el 1,7% en los municipios de la provincia en 2020. Lo ha aprobado esta semana la Diputación de Córdoba, responsable de llevar este bien básico a la mayoría de las localidades de Córdoba, al término de un debate que, como ya es habitual, dividió a la corporación en dos bloques. PSOE e IU, que comparten el gobierno provincial, lo que podríamos llamar la izquierda, que votó "sí" a este incremento; PP, Cs y Vox, la oposición en bloque, lo que podríamos identificar como la derecha, que votó "no". 

Durante la sesión se escucharon los habituales tópicos por parte de unos y de otros. Que el cogobierno quiere freír a impuestos a los ciudadanos, que la provincia de Córdoba es la más aventajada en la depuración de aguas por lo bien que lo están haciendo las administraciones públicas aquí, que otra subida encadenada casi que va a impedir a los ciudadanos abrir los grifos, que este incremento revertirá en las mejoras que la red necesita.

Casi todas estas frases, pronunciadas de manera categórica y casi solemne -por un bloque y otro- podrían desmontarse de manera fácil. Empezando por lo avanzados que vamos en depuración. Vale que Córdoba haya sido reconocida en un informe de 2018 de Ecologistas en Acción como la mejor de España en este trabajo, “con unas depuradoras adaptadas a la legislación en un 86%”, como se encargó de recordar el portavoz del PSOE, Esteban Morales.

Pero también es cierto que Córdoba llega realmente tarde, después de reiteradas advertencias lanzadas por la Unión Europea para completar un trabajo que lleva décadas aplazándose. Porque todavía hay municipios que vierten sus desechos a los arroyos, y de ahí van a los ríos, que van a dar en la mar, que es, literalmente, el morir, como cantara el poeta teniendo en su pensamiento otros significados mucho más sublimes. Mal de muchos, consuelo de tontos. Por no hablar de los consumidores que pagan religiosamente el canon de depuración en sus recibos y en sus municipios ni siquiera hay estación depuradora, sin que se sepa muy bien qué pasa con ese dinero.

El portavoz del grupo de IU en la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, puso sobre la mesa no obstante que el objetivo es “hacer empresas más competitivas, que den servicios de calidad a los ciudadanos de la provincia”. Y que la subida de la tarifa se realiza después de un estudio “exhaustivo y técnico, en el que se plantea la necesidad de este reajuste para mantener la prestación de un servicio de calidad”. Afortunadamente, el estudio ha sido "exhaustivo y técnico", pues lo contrario sería un somero disparate. Suben el canon del agua, el combustible y la energía, por lo que al final todo repercute en la factura final, vino a decir.

La oposición, como no podía ser de otra manera, ha rechazado en bloque la propuesta. Y fue la portavoz del PP, María Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego de Córdoba, quien introdujo en el debate una variable novedosa. ¿Qué pasa con los municipios de más de 20.000 habitantes, como Lucena, Puente Genil, Montilla o su propia localidad? ¿Por qué ninguno cuenta en la actualidad con los servicios de Emproacsa, sino que prefieren suministrar el agua de la mano de empresas privadas? La respuesta es compleja. No hay ningún aspecto jurídico que lo impida, y la incorporación de estas localidades implicaría contar con más de 100.000 nuevos usuarios. 

Y lo cierto es que algunas de estas localidades grandes se encuentran con el agua al cuello en materia de gestión hídrica. Empezando por Priego de Córdoba, metida en un charco que le llevó el pasado mayo a aprobar por unanimidad el inicio del expediente administrativo para el cambio de modelo de gestión del ciclo integral del agua, que pasa a ser 100% municipal. El Ayuntamiento debe desembolsar ahora casi cinco millones al socio privado, FCC Aqualia, una cantidad en la que se incluyen los 3,5 pendientes de amortizar de un préstamo y la indemnización.

Tampoco lo va a tener fácil Montilla en los próximos tiempos para asumir el coste de la renovación de la red después de las graves averías del pasado julio, cuando los vecinos estuvieron varios días sin agua. El Ayuntamiento, de hecho, ya apuntó esta semana que el incremento de la tasa de Emproacsa repercutirá seguramente en lo que pagan los montillanos en su factura pese a que la gestión la lleva aquí una empresa mixta. El debate ya se ha abierto.