Los sindicatos de enseñanza CSIF, UGT y CCOO han mostrado su rechazo a la situación que viven los colegios Federico García Lorca, de Fuente Palmera, y el Francisco García Amo, de Nueva Carteya, donde sus aulas cuentan este curso con más alumnos de los previstos en la ley, que es un máximo de 25. Las formaciones sindicales han tildado de “ilegal” este hecho.

La responsable del sector de Enseñanza de CSIF, Elena García, ha recordado que “las ratios no tienen que estar al límite y hay que trabajar con cifras más bajas”. A su juicio, “lo que no se puede es utilizar la excepcionalidad del aumento del 10% del número de alumnos a principio de curso”. Y es que, la normativa permite este incremento de escolares pero por circunstancias sobrevenidas, como puede ser la llegada de una familia con hijos a una localidad una vez que el curso ha comenzado y tienen que escolarizar a los niños.

“Esa excepcionalidad se hace cotidiana y es ilegal que las ratios estén en 27 y 28 alumnos”, ha insistido, al tiempo que ha destacado que lo que se hace desde la Delegación de Educación es “una lectura perniciosa de la norma”. García ha considerado también que ante estas cifras “lo que se tienen que hacer son desdobles”.

Desde CCOO, su secretario general de Educación, Antonio Sánchez, también ha anotado que “no es legal” que se sobrepase el número de escolares en las aulas y ha mostrado su apoyo a las familias de ambos colegios y también a las plantillas de profesionales que trabajan en ellos.

Sánchez ha hecho referencia a las declaraciones realizadas por el consejero de Educación, Javier Imbroda, quien ha asegurado que la “ratio escolar media” en Andalucía ha bajado a 20 niños por clase en Infantil y 21 en Primaria. “El anuncio de la bajada de la ratio es una falacia y son unas cuentas falsas”, ha apuntado. Así, el responsable de enseñanza de CCOO ha demandado a la Consejería de Educación “reducir las ratios, aumentar los desdobles y los apoyos” en los colegios.

Mientras, la secretaria general de FeSP-UGT, Aurora Bueno, ha reiterado los mismos argumentos que los otros dos sindicatos y ha coincidido en señalar que “superar la ratio en las aulas no es legal”. “La Junta de Andalucía dice que invierte más, pero no sabemos dónde va el dinero cuando las aulas se suprimen”.

Por ello, Ramírez ha propuesto que con el dinero que ya está previsto “se mantengan las aulas” y también ha mostrado su apoyo a las familias y a la comunidad educativa de Fuente Palmera y Nueva Carteya “para mejorar la calidad de la enseñanza”.

Las demandas de los sindicatos llegan después de que, por ejemplo, en el colegio de Nueva Carteya los padres hayan decido no llevar a sus hijos al colegio –ayer solo acudieron treinta escolares de los 463 que tiene el centro– ante el cierre de unidades y que en las aulas se llegue a 27 alumnos, mientras que en el caso de Fuente Palmera, las familias hayan denunciado que llevarán a los tribunales a la Delegación de Educación por los mismos hechos.

Ante esta situación, desde el área que dirige Inmaculada Troncoso, han explicado que conocen la situación del centro de la Colonia y que “se ha trasladado a la Dirección General de Planificación”. Han señalado también que “se está la espera del estudio de unidades –las familias solicitan en su conjunto cinco nuevas aulas– que se hace en Sevilla”.