Un fondo específico, con una cuantía aún por definir, preverá eventuales emergencias vinculadas al covid-19 en el presupuesto del Ayuntamiento de Lucena para el ejercicio económico 2021.

El propósito del equipo de gobierno reside en eludir las constantes modificaciones y traspasos aplicados en el documento financiero aprobado para esta anualidad. La concejala de Hacienda, Carmen Burgos (PSOE), ha preferido posponer la concreción del montante que configurará la futura partida, aunque sí ha indicado que absorberá “una cantidad razonable” y que permita “paliar” urgencias y demandas “emergentes”. Si cristalizan los supuestos sanitarios y económicos más favorables, será posible liberar el dinero consignado y “destinarlo a otras opciones”, ha puntualizado la edil socialista.

Una vez se obtenga el cómputo absoluto de ingresos y el comportamiento de las cuentas municipales a 30 de septiembre, “tendremos una visión más clara de con cuánto dinero podremos contar para el presupuesto”, señala Burgos.

En todo caso, la creación de empleo y las iniciativas sociales vertebrarán el presupuesto del próximo año. Asimismo, en un primera avance, la responsable del área de Hacienda ha anticipado que “la prudencia” rodeará las inversiones, confiriéndole mayor “importancia” tanto al impulso de la actividad económica como al “mantenimiento del pueblo”.

Al sobrevenir la pandemia en marzo, el Ayuntamiento aprobaba un Plan Especial de Emergencia Social y Económica. Múltiples minoraciones de epígrafes y supresión de otras previsiones propiciaron la extracción de un importe de 1,5 millones. De esta cuantía, aproximadamente un millón atendió ayudas de emergencia social. Los otros tres apartados del programa comprende apoyo al comercio local, autónomos y pymes; a asociaciones y entidades asistenciales; y, por último, arbitra rebajas y exenciones fiscales de índole extraordinarias.

Acusaciones cruzadas por la ejecución del presupuesto

Acerca de la gestión económica, relativa al capítulo de inversiones, en este año 2020, el Partido Popular y el gobierno local socialista han vertido análisis contrapuestos sobre el grado de ejecución de los proyectos. El PP ha calificado de “muy bajo” el 17% registrado a 30 de junio -1,9 millones de los 10,6 totales- y achaca a la “incapacidad” de los socialistas un nivel de materialización “preocupante” e inferior a la mitad.

En opinión del concejal popular Aurelio Fernández, “vamos mal o muy mal y mucho peor en el capítulo de inversiones”, una materia “prioritaria”, especialmente en esta coyuntura de crisis económica porque “genera empleo en la ciudad”. Fernández hablaba de un “crecimiento muy lento” y auguraba que, de mantenerse la cadencia, “nos quedaríamos muy por debajo de lo deseado a final de año”.

Replicando estas manifestaciones, la propia Carmen Burgos ha revelado que, a fecha de 2 de octubre, los datos cotejados –un 54%- superan el 51,80% obtenido hace doce meses.

Ante las críticas expresadas del PP por la parálisis apreciada durante el estado del alarma, los socialistas han subrayado que el decreto 463/2020 “suspendió” trámites administrativos y la contratación pública “durante algo más de dos meses”.

Burgos ha acusado a Aurelio Fernández de “mentir” o, como otra hipótesis, de “tener mala memoria”.

El equipo de gobierno municipal sitúa en junio la reanudación de las obras públicas y estipula en unos 4 millones de euros, correspondientes a 42 actuaciones, el dinero inyectado en intervenciones ya finalizadas, en plena ejecución o en fase de contratación.