Montilla impulsa un nuevo plan urbanístico tras un "aplastante" revés demográfico: tiene 9.000 habitantes menos de lo esperado
Licitado el pliego para la contratación de la asistencia técnica del nuevo Plan de Ordenación Urbana, que sustituirá al de 2012
Córdoba es la provincia de España que pierde más habitantes en el último año
Montilla afronta un punto de inflexión urbanístico. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación la contratación de la asistencia técnica del nuevo Plan de Ordenación Urbana (POU), lo que supone el reconocimiento institucional de un desajuste que acumula años: el abismo entre las expectativas de crecimiento del municipio y la realidad. El punto de partida, de hecho, es un dato calificado como "aplastante" en el documento, consultado por El Día de Córdoba. Y no es otro que la caída demográfica que ha vivido la localidad.
En el año 2012, cuando se aprobó el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), las previsiones eran optimistas: se estimaba que para el año 2020 la localidad de la Campiña Sur alcanzaría los 31.310 habitantes. Sin embargo, el reloj del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha marcado una dirección opuesta. En lugar de crecer, la población ha caído de los 24.085 residentes que había entones a los 22.305 registrados en 2025, esto es, 9.000 menos de lo planificado por los expertos.
Para el Ayuntamiento, este descenso no es sólo la cifra del censo, es la explicación de por qué el desarrollo urbano de la localidad se ha estancado. Y es que, según la memoria del pliego aprobado por el Pleno municipal, el golpe de realidad ha restado operatividad al planeamiento vigente, convirtiéndolo en un traje que le queda holgado a una ciudad que, pese a las previsiones, no ha crecido, tal y como ocurre, en conjunto, en la provincia de Córdoba, que en 2025 fue la que más población perdió de toda España.
El alcalde, Rafael Llamas, ya reconoció que, actualmente, existe un documento que "está imposibilitando que iniciativas empresariales puedan desarrollarse en nuestro municipio". "Por tanto, es el momento de tomar medidas, y este equipo de gobierno tiene la responsabilidad de favorecer no solo el desarrollo económico, sino también el desarrollo social y medioambiental dentro del nuevo paradigma que estamos viviendo”, sostuvo. Así, el documento “debe ofrecer las mejores condiciones para que la iniciativa emprendedora pueda desarrollarse, generando oportunidades de crecimiento y empleo para Montilla”.
Suelo para vivienda sin desarrollar
El pliego echa la vista atrás. Montilla ha pasado por sucesivas normas urbanísticas -desde las Normas Subsidiarias (NNSS) de 1978, las revisiones de 1985 y 1994, hasta el PGOU de 2012- con resultados dispares. Si bien el desarrollo de los suelos industriales ha sido satisfactorio, especialmente con sectores como Llanos de Jarata, la gestión del suelo residencial ha sido un camino de obstáculos. Así, el actual PGOU, aunque pretendía una integración adecuada al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la puesta en valor del centro histórico, ha visto cómo casi la totalidad de sus objetivos de transformación urbana han quedado en papel mojado, como asume el documento.
No solo eso. La desconexión demográfica ha dejado tras de sí un inventario de proyectos nunca materializados. La normativa urbanística proyectaba un techo total de 5.195 nuevas viviendas. De este ambicioso objetivo, el balance es demoledor: apenas se ha producido avance alguno fuera de la edificación en suelos ya consolidados.
En el suelo urbano, el rastro de lo pendiente es especialmente visible. Existen 1.374 viviendas que ya estaban previstas en las antiguas Normas Subsidiarias y que fueron incorporadas como "transitorias" al plan de 2012, pero que siguen sin construirse. A estas hay que sumar las 1.468 viviendas en Áreas de Reforma Interior (ARIs) delimitadas por el propio PGOU vigente, de las que sólo dos han iniciado trámites de desarrollo. Si se añaden los sectores periféricos, Montilla tendría pendientes de ejecución 3.072 viviendas en suelo urbano.
El escenario en el suelo rústico (antiguo suelo urbanizable) es similar. Los sectores transitorios heredados suman 1.341 viviendas pendientes, mientras que los nuevos desarrollos propuestos en 2012 añadían otras 881. En conjunto, el suelo rústico arrastra la previsión de 2.222 viviendas sin ejecutar.
Un cronograma de 50 meses para tener el nuevo POU
Ante este panorama, el Ayuntamiento acaba de lanzar el pliego técnico, con un presupuesto base de licitación de 223.065,26 euros, para redactar el nuevo POU. El objetivo es claro: dotar al municipio de un instrumento adaptado a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. La finalidad es establecer la ordenación detallada de todo el suelo urbano, integrando también un nuevo Catálogo de Elementos Protegidos.
Según detalla el documento, el equipo redactor que asuma este reto deberá ser multidisciplinar, contando obligatoriamente con especialistas en arquitectura o ingeniería, derecho, medioambiente y patrimonio histórico. Además, se valorará la inclusión de expertos en movilidad, salud pública y cambio climático.
El contrato establece un ambicioso cronograma de 50 meses, algo más de cuatro años, para alcanzar la aprobación definitiva. El trabajo se divide en nueve fases con entregas y pagos específicos, desde el diagnóstico previo a la aprobación definitiva, pasando entre medias por el documento de avance, la aprobación inicial y las alegaciones.
En todo este procedimiento burocrático, el pliego otorga una importancia capital a la participación ciudadana. Y no se trata de un trámite opcional, sino de una obligación contractual del equipo redactor, que debe diseñar acciones que incentiven el consenso y la comprensión del plan por parte de la ciudadanía. Así, se establecen como mínimo cuatro sesiones públicas obligatorias: una relativa al diagnóstico, otra durante el avance para recoger sugerencias, una tercera explicativa tras la aprobación inicial y una sesión final tras la aprobación definitiva del POU.
Este extenso proceso busca evitar los errores del pasado. Además, al incluir estudios de impacto en salud y sostenibilidad económica, quiere asegurarse de que cada nueva dotación o espacio verde sea viable a largo plazo, razona el documento de licitación.
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