Aún no había amanecido cuando unos 200 agentes de la Guardia Civil se personaron en una de las casas de la finca palmeña de Somontes para iniciar el desalojo forzoso de este cortijo de 400 hectáreas, ocupado por una treintena de jornaleros del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) desde hace 53 días. No obstante, los desalojados ya están diseñando un plan de acción para volver a ocupar estas finca, de titularidad pública y que reclaman para el desarrollo de proyectos cooperativos. La líder el SAT en Córdoba y portavoz de los jornaleros, Dolores Álvarez, aseguró que el despliegue policial fue "vergonzoso", porque "no somos asesinos" y "con la crisis que hay", el gasto que ha supuesto la intervención ha debido de ser desorbitado.

La ocupación de esta finca de secano se remonta al pasado 4 de marzo como protesta a la intención de la Junta de Andalucía de subastarla públicamente para su adjudicación a un particular. El SAT consideró que, antes de que "un especulador o un señorito se la quede para beneficiarse de las subvenciones europeas o las ayudas públicas sin generar mano de obra", sería mejor que se crearan cooperativas de trabajo que den empleo a los jornaleros, según declaró el portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero.

Así, miembros del SAT afirmaron que, en varias ocasiones, intentaron negociar con la Junta para evitar la venta de la finca y que le propusieron que ésta se entregara a las cooperativas de jornaleros para su uso y explotación porque, al igual que en la localidad sevillana de Marinaleda, se garantiza el pleno empleo.

De hecho, la misma mañana del desalojo, el dirigente andaluz del SAT Diego Cañamero intentó ponerse en contacto con la Consejería de Agricultura, pero "sin resultado", explicó Álvarez. De esta manera, Somontes ha estado ocupada todo este tiempo por una media de 30 personas que, venidos de diferentes puntos de la comarca de la Vega, han levantado un huerto con riego por goteo, un gallinero con más de 60 aves y han preparado tres hectáreas de terreno con un tractor para plantar melones, pimientos del piquillo y calabacines.

Aun así, y como adelantó este periódico, el 13 de abril un juzgado de Posadas dictó la orden de desalojo de Somontes, después de, según fuentes del SAT, la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, denunciará el asalto a la finca.

En estas dos últimas semanas desde la orden de desalojo, la Guardia Civil le ha preguntado en varias ocasiones a los jornaleros si estaban en disposición de abandonar voluntariamente el cortijo, algo a lo que se han negado siempre, así como a presentar la documentación siempre que se les ha requerido con lo que, Dolores Álvarez veía inminente el desalojo forzoso. De hecho, ya desde el jueves algunos jornaleros ya temían el desalojo, puesto que varios efectivos de la Guardia Civil estuvieron rondando la finca para preparar la intervención. "Los ladridos de los perros nos indicaban que había gente por los alrededores", señaló uno de los jornaleros, quien confirmó que las 06:00 los agentes llamaron a la puerta de una de las tres casas que hay en Somontes e informaron a los ocupantes de que iban a proceder al desalojo del cortijo.

"Nosotros lo hicimos pacíficamente, a pesar de que no nos dejaron recoger nuestras cosas, pero la Guardia Civil verá si sus formas fueron las correctas", indicó Dolores Álvarez quien, al mismo tiempo, mostró cómo uno de sus costados estaba enrojecido, al parecer, por la patada que le propinó "amablemente" un efectivo policial, según explicó.

Aun así, y como ya ha repetido en numerosas ocasiones, Álvarez insiste en que "ante un desalojo, una nueva ocupación". De esta manera, el SAT está dispuesto a entrar de nuevo en Somontes en cuanto la asamblea que se constituyó ayer decida una fecha. De momento, la festividad del 1 de mayo "lo celebraremos" en la entrada de la finca, anunciaron los jornaleros.

"Necesitamos la tierra para vivir dignamente", dijo Álvarez, y por ese motivo "entraremos una y cien veces para seguir trabajando el campo con nuestras manos y más si se tiene en cuenta que en la finca están nuestras pertenencias, hay animales que cuidar y un huerto que atender".

Las reacciones al desalojo de Somontes no tardaron en llegar. Así, el coordinador de IU de Córdoba, Pedro García, declaró que hubo "una reacción exagerada frente a quienes lo único que pretendían era rentabilizar, con su trabajo, unas tierras en baldío, cuyo carácter público se había puesto en peligro" y expresó su solidaridad con los trabajadores afectados.

Equo Córdoba reclamó al actual Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía que "detenga inmediatamente la solicitud de desalojo de la finca de Somontes", además de "paralizar la venta de esta y otras tierras del patrimonio agrario de la Junta de Andalucía".