15 de abril de 2019. Siete menos cuarto de la mañana. Unos ocupas se cuelan en un piso bajo del edificio número 110 de la calle Mediabarba de Lucena. Enfrente, unos pocos centímetros separan ambas puertas, vive, solo, Rafael, un hombre de 84 años, cuya memoria retiene con precisión infalible el inicio de su “padecimiento”.

Desde aquel entonces, entre ventanas tapiadas, cerraduras reforzadas y agudos destrozos en las dependencias comunes, vive “mal, con miedo” y ha debido digerir unas “amenazas de muerte” que nunca olvidará. Confiesa que ha solicitado “ayuda” a distintas instancias e, impotente, exclama que “el juzgado me ha tratado mal” cuando le endilgaban una deuda de más de 600 euros resultante de los enganches ilegales al suministro eléctrico. “Si no me presentaba, me reclamaban entre 200 y 5.000 euros”, relata, igualmente sin vacilar en la concisión de los datos, Rafael.

Es el testimonio más desgarrador y punzante emanado de las colisiones en la convivencia desatadas por el comportamiento incontrolado de ciertos habitantes en viviendas invadidas. “Las mafias de la ocupación”, al decir de Vox.

Unos peligrosos altercados ocasionados a mitad de la última semana, en la calle Mediabarba, núcleo recurrente de esta práctica en Lucena, han azuzado nuevamente la agitación ciudadana y mediática por esta problemática social que afecta, aproximadamente, según los datos apuntados a finales del pasado año, a un centenar de inmuebles en la localidad.

Adyacente a la calle Mediabarba, otro foco denso de acceso clandestino a pisos se halla en la barriada Virgen de Araceli. Las calles Pedro Izquierdo y Huertas y la urbanización de El Zarpazo, aledaña a la carretera de Rute, sobresalen como otras zonas de significativa concentración de esta realidad comunitaria que entrelaza el negocio perverso y el último e indeseado remedio para familias indefensas.

Edificio 110 calle Mediabarba, en Lucena.

La calle Mediabarba nace en la calle San Francisco, una de las vías que estructura el casco urbano de Lucena, y se prolonga, unos cientos de metros, hasta desembocar en las proximidades del antiguo Recinto Ferial. La ocupación legal de propiedades, tanto particulares como pertenecientes a bandos, germinó en el 2018.

En uno de los últimos edificios de esta arteria, María del Carmen Cuenca administra un estanco, colindante con el número 110, donde hasta cinco pisos han acabado violentados y adonde la Policía Nacional y Local y la Guardia Civil han acudido asiduamente por distintos sucesos y requerimientos. Regresa al inicio del conflicto, tres años atrás, y desvela que, en la primera intervención policial, los agentes desplegados admitieron que “no podían hacer nada porque había un niño metido dentro”. Expresa vehemente indignación por el “desamparo” que soportan y alza su voz para afirmar que “no es justo”.

Unas 40 personas en una misma casa

Focaliza en este edificio, y en algunos de los grupos que irrumpieron en su interior, el origen de la eclosión de “droga, delincuencia y violencia con armas blancas y disparos”. Justo al lado, en otro bloque, más moderno, e identificado con la asignación 108, de manera también, a priori, ilegal, reside, actualmente una familia que “no ha dado problemas”, reconoce María del Carmen.

En la acera de enfrente, hasta 40 personas compartieron estancia en una misma casa. “Eso era una guerra”, relata Juan Guardeño, dueño de una panadería cercana y actual poseedor de esta propiedad, después de adquirirla a una entidad bancaria. En su tienda de comestibles, “si no le dabas algo, se encaraban” y soportaba continuas interrupciones en el suministro de agua potable puesto que la empresa municipal “cortaba todos, sin ningún problema” los conductos al detectar conexiones fraudulentas. Actualmente, “el suelo está hundido porque reventaba”.

Exterioriza, Juan, pesimismo. Acepta que los incidentes han remitido y numerosos titulares han recuperado sus viviendas, aunque, mientras alude a “las juergas hasta las cuatro de la mañana en plena primera ola de la pandemia”, advierte de que “hay muchos pisos vacíos y esto no se acabado”.

Ventanas tapiadas, edificio 110 de la calle Mediabarba.

“El susto y el miedo” son los sentimientos más interiorizados por Manuela, vecina de la barriada Virgen de Araceli. Cuenta que “nos han robado ropa en las azoteas y abren los cuartos trasteros” por lo que opta por “tener las puertas cerradas y estar pendientes de cualquier ruido”.

Riesgo de ruina en dos edificios

Más arriba, en la misma calle Mediabarba, mora Carmen. Incide en que “no se va a solucionar nada” y, con elocuente enfado, indica que “parecemos ciudadanos de tercera, no nos escucha nadie”. Sus dos nietas, en ciertas ocasiones, “se quedan conmigo a dormir y sentimos ruidos y ya estamos asustados”.

El Ayuntamiento de Lucena, que, periódicamente, anula enganches indebidos al suministro hídrico y sólo mantiene una decena, autorizados por cuestiones de “extrema vulnerabilidad” y presencia de menores, inspecciona en estos días dos edificios ocupados, en la calle Mediabarba y Huertas, ante los deterioros crónicos y el riesgo de ruina de las estructuras.

Y, ante las recientes turbulencias, la mesa de trabajo sobre la materia, convoca reunión urgente, para este jueves, a las 18:30 horas. Entre otros puntos, se propone “adoptar medidas urgentes” y conocer el informe solicitado a Urbanismo y Servicios Sociales, así como a Policía Local, sobre el efecto presente y exacto de este fenómeno en la localidad.