La conflictividad social originada en algunas viviendas ocupadas ilegalmente en Lucena ha provocado nuevos episodios de exaltados enfrentamientos y arrebatada tensión. Hace sólo unos días, una tentativa de ocupación en la calle Mediabarba, uno de los núcleos de esta práctica irregular, precisó de un extenso despliegue policial.

Estos últimos sucesos han motivado la convocatoria, para el próximo miércoles 3 de marzo, de la mesa de trabajo sobre esta materia, constituida por el Ayuntamiento en el último trimestre del pasado año y que únicamente ha celebrado una sesión.

Esta comisión, presidida por Jesús López, portavoz de Ciudadanos, formación que impulsó su creación, ha solicitado un informe a las áreas de Urbanismo y Servicios Sociales y a la Policía Local al objeto de acotar y concretar el impacto exacto y las consecuencias principales de este fenómeno ascendente en la localidad desde hace años.

Distintas fuentes, políticas y policiales, focalizan las principales concentraciones de inmuebles invadidos en la propia calle Mediabarba, calles Pedro Izquierdo y Huertas, barriada Virgen de Araceli y urbanización El Zarpazo. El número global de ocupaciones podría ascender a un centenar.

Los intentos, de acceso clandestino a una vivienda, frustrados por la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los meses más recientes superan la decena. En otras ocasiones, los propios vecinos han impedido la entrada ilegítima a un piso o edificio.

Enganches ilegales de agua y luz

Tanto técnicos de Endesa como personal de la empresa municipal Aguas de Lucena acuden, periódicamente, a determinados edificios a desconectar enganches ilegales a los suministros. Y la presencia policial es habitual en algunos puntos de sobresaliente ebullición de esta problemática, que, en ciertos casos conlleva inseguridad y disfunciones en la convivencia, como la calle Mediabarba, frecuente epicentro mediático.

El Partido Popular y Vox, con distintos grados de vehemencia, en la última sesión plenaria, han requerido mayor diligencia y atención al equipo de gobierno para atenuar la expansión de esta innegable realidad.

Desde el PP, más contenido en sus manifestaciones, reclamaban al gobierno municipal la suspensión definitiva de la proporción de agua corriente a toda vivienda que permanezca ocupada de manera ilícita. “Entendemos que no es la mejor manera de evitar el problema de la ocupación en Lucena”, apuntaba el edil del PP, Aurelio Fernández, al tiempo que comprendía las difíciles condiciones de determinadas familias.

Frente a la argumentación de los populares, la consejera delegada de Aguas de Lucena, Mamen Beato, edil del PSOE, rebatía los términos empleados por el PP y aseguraba que, desde la declaración del primer estado de alarma, el consejo de administración de esta empresa acordó mantener el suministro a las familias que padezcan una extrema vulnerabilidad. “Es una autorización en precario, porque hay situaciones muy justificadas, con menores”, expresaba Beato, quien no descartó prolongar este servicio una vez termine este período excepcional decretado por el Gobierno, supeditando la decisión a “los informes muy exhaustivos” de Servicios Sociales.

"Abandono e indefensión"

Actualmente, según la información aportada por Beato, de los 19.000 puntos de abastecimiento controlados por Aguas de Lucena, sólo una decena corresponden a domicilios ocupados.

En otro tono más incisivo y frontal, Vox acusó directamente al alcalde del “abandono y la indefensión” que soportan “muchos lucentinos” y Jesús Gutiérrez, portavoz de esta formación, exige a Juan Pérez acciones inmediatas que “minoren y atajen de una vez por todas este problema”.

Desde Vox apuntan a “las mafias de la ocupación” como causantes iniciales de “vejaciones y amenazas de muerte” a algunas personas, incluso octogenarias. Además, también demandan dotar de mayor contenido a la mesa de trabajo sobre ocupación irregular de viviendas cuya segunda sesión acontecerá el próximo miércoles.