Subbética

Una mesa de trabajo examina en Lucena acciones legales contra la ocupación ilegal de viviendas

  • El Ayuntamiento compatibiliza el cumplimiento de la ley con la intervención de Servicios Sociales para garantizar el derecho a la vivienda

  • Los últimos informes cuantifican en un centenar, aproximadamente, el número de inmuebles ocupados de forma irregular

Edificios de El Zarpazo. Edificios de El Zarpazo.

Edificios de El Zarpazo. / M. González

Definir las motivaciones sociales, salvaguardar los derechos de los menores, asistir a las familias vulnerables, impedir la conflictividad vecinal y rastrear instrumentos normativos que agilicen la restauración de la legalidad ordinaria. Estos son los principios que impulsan la constitución de una mesa de trabajo que evalúa en Lucena la ocupación irregular de viviendas.

Es un grupo de análisis, político y técnico, promovido por Ciudadanos y que aglutina a las cinco formaciones políticas presentes en el Ayuntamiento y al propio alcalde, Juan Pérez (PSOE). La composición de este órgano se extiende a las áreas municipales de Servicios Sociales, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, representadas por su personal cualificado, y también implica a la Policía Local.

Los últimos cálculos cuantifican aproximadamente en un centenar el número de inmuebles habitados ilegalmente. Más de un 90% de estas propiedades, apuntando la estadística al 95%, pertenecen a entidades bancarias.

Entre los núcleos donde esta práctica indebida se manifiesta con mayor relieve, resalta, sobre todo, la urbanización de El Zarpazo, en el sector este del casco urbano. Esta zona, los bloques concernidos corresponden a promociones ejecutadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Además, otros puntos de efervescencia de una problemática en constante incremento son las calles Huertas, Mediabarba y Pedro Izquierdo y en el entorno de la franja oeste-1.

Problemas en la convivencia vecinal

Las alteraciones que genera en la convivencia, en algunos casos graves y que han requerido de intervención policial, y los enganches a los suministros básicos detectados periódicamente despuntan como las principales preocupaciones, enlazadas con la inestabilidad que invade a las familias abocadas a recurrir a este método para lograr guarecerse de la intemperie y las inapropiadas condiciones percibidas en algunas de estas edificaciones donde también residen niños.

Hace unos días, tenía lugar la primera sesión –telemática- de esta comisión triangular que celebrará reuniones de periodicidad trimestral. Ejerció de presidente Jesús López, portavoz de Ciudadanos, y avanzó que “sendos informes encargados a varios técnicos” dirimirán qué “herramientas”, asociadas a atribuciones de naturaleza municipal, capacitan al Ayuntamiento al actuar contra “el fenómeno de la okupación”.

Por ejemplo, una de las opciones sopesadas desde hace tiempo radica en la imposición de multas de apremio, fundamentalmente a los bancos involucrados, al objeto de exigirles tanto una conservación mínima de sus edificios, apelando al decoro y al ornato público y a los factores de habitabilidad; como la adopción de medidas de seguridad, tales como el tapiado de los pisos inutilizados o la contratación de vigilancia privada.

En la misma línea, el Ayuntamiento plantea urgir a los propietarios de viviendas ocupadas de manera clandestina a interponer las correspondientes denuncias a fin de recuperar sus posesiones en un plazo máximo de dos años.

La comisión estudiará particularmente cada caso de ocupación irregular

López especificó que, ahora, “lo más importante es conocer la situación real del fenómeno okupa en Lucena” y propugna “diferenciar y analizar caso por caso”. El edil de Ciudadanos reiteró que “esta iniciativa no sólo nació para poner remedio a los problemas” entendidos como consecuencias, “sino también a comprobar cuáles son las causas por las que muchas familias tienen que acudir a esta actividad para conseguir un techo”.

El grupo de trabajo antepondrá la concesión de una cobertura social adecuada e integral a los menores y, al mismo tiempo, movilizará los recursos oportunos que garanticen una vivienda digna a las familias vulnerables.

En resumen, López expuso que un Ayuntamiento “no puede mirar para otro lado, es un asunto muy delicado porque puede poner en riesgo a vecinos y edificios colindantes” y se congratula por “contar con el asesoramiento de los profesionales de Servicios Sociales”. Ante episodios o tesituras de significativa urgencia, esta mesa de trabajo se convocará de manera extraordinaria.

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