El agua sólo estará garantizada en Campo de Aras de Lucena con la legalización del suelo

El “camino hacia la legalidad” que implica el compromiso verificable de urbanizar el suelo de Campo de Aras, en Lucena, significa la única “solución” válida que asegura el suministro de agua en esta zona residencial.

El Ayuntamiento, a la conclusión de una reunión entre los portavoces municipales y miembros del equipo de gobierno, ha verbalizado una posición de “colaboración absoluta” con los propietarios e “intermediación” ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Una actitud de los responsables políticos locales basada en la “trascendencia” de una “preocupación” que rebasa “el caso concreto” toda vez que la supresión del abastecimiento afectaría a unas 500 familias, aparte de industrias y restaurantes.

Desde el Consistorio sí subrayan que este “problema” originado en la irregularidad de las captaciones, tanto en las conducciones del Manantial de Zambra como en la Fuente de Aras, compete a los vecinos, quienes han de formular las alegaciones jurídicas que consideren pertinentes.

El concejal de Urbanismo, César del Espino (PSOE), ha ejercido de portavoz de la corporación municipal y, tras aportar datos objetivos, ha reconocido que este mandato del organismo gubernamental, supervisor y gestor de los recursos hídricos en la cuenca, también “podría ocurrir” en otros núcleos poblaciones de la localidad por continuar sin acogerse plenamente a las directrices del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2001.

En un pasaje relevador de la comparecencia, por el contenido implícito de sus palabras, el concejal socialista ha aseverado que “el Ayuntamiento ni suministra agua a Campo de Aras, ni las redes son del Ayuntamiento ni el Ayuntamiento cobra ni una gota de agua”. Ante las dudas de los vecinos que se preguntan por el motivo o el destino de sus pagos, Del Espino responde que “yo no sé a quién le está pagando usted, ni cómo ni en concepto de qué” puesto que ni el Consistorio ni Aguas de Lucena tramitan ingresos o exigen desembolsos.

Por la información que han aportado los residentes en este entorno ubicado entre la Sierra de Aras y la Nacional 331, el expediente incoado encuentra su inicio en una denuncia del servicio de control y vigilancia del dominio público hidráulico de la propia Confederación. La entidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impone la retirada, al considerarlo “ilegal”, del conjunto del sistema de motores, bombeos y equipos mecánicos y electrónicos, no sólo “apagarlos”, sino “quitarlos”.

El Ayuntamiento, después del conocimiento público de este proceso sancionador, ha anunciado que, “desde hace meses”, trabaja en el diseño de un Plan Especial de Infraestructuras Lucena-Sur con la finalidad de conceder a los diferentes sectores “un esqueleto” que defina las necesidades de servicios básicos y facilite a los propietarios -que han de asumir las obligaciones económicas- su desarrollo. En breve, el Consistorio licitará la redacción del proyecto de este documento.

“Nuestra intención es cumplir la ley”, ha expuesto Del Espino. Los antecedentes y la actual coyuntura suponen, para el edil socialista, “una oportunidad histórica” hasta lograr “una solución definitiva, sin parches”.

En cualquier caso, ha señalado que entiende improbable “llegar al extremo del corte”, ya que augura factible que la Confederación acepte una moratoria si observa una patente y demostrable pretensión de regularizar la calificación de la extensión de Campo de Aras y aunque el Ayuntamiento figura “en un segundo plano”, si así se le requiere, pronunciará su “apoyo” a la asociación de vecinos Crisaras.