La CHG amenaza con cortar el agua a 500 familias del Campo de Aras en Lucena

¿Qué sucedería si el agua corriente deja de abastecer a unas 500 viviendas en un núcleo poblacional de Lucena? ¿Cómo vivirían y qué alternativas arbitrarían este medio millar de familias? ¿Cuál sería la repercusión social y mediática que comportaría? ¿De qué forma afrontaría el Ayuntamiento un trance sanitario de tal calibre?

Las comunicaciones recientes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir confieren verosimilitud a los escenarios que retratan unas preguntas percibidas como exageración o utopía en las condiciones ordinarias que depara el siglo XXI en este primer mundo.

Los precedentes se remontan a finales de los años 70 y comienzos de los 80 de la anterior centuria, cuando los primeros propietarios de Campo de Aras, un valle extendido bajo la Sierra de la Virgen de Araceli y anexo a la Nacional 331, cedieron, en una época de pertinaz sequía, parte de los derechos de la Fuente de Aras al Ayuntamiento.

La versión desgranada por la asociación de vecinos, denominada Crisaras, prosigue con un segundo capítulo cuya trascendencia actual resulta capital. Manuel Hurtado, el presidente de este colectivo, defiende que, en tiempos posteriores, el Ayuntamiento “permitió” la instalación en este núcleo poblacional de un contador en las conducciones que transportan el agua desde el Manantial de Zambra, principal caudal hídrico que nutre al municipio lucentino. El acuerdo tácito entre estos residentes y la administración, al prever insuficiente esta canalización, incluyó la utilización de una segunda captación proveniente de la Fuente de Aras, surtida con una corriente emanada desde un venero cercano.

La tercera arista indudablemente influyente en esta comprometida tesitura estriba en la inconcreción del desarrollo pleno de este entorno donde más de la mitad de las 500 familias moran en sus viviendas durante todo el año y emplazan su actividad industrias, restaurantes y otras empresas. El Plan General de Ordenación Urbana califica como urbanizable el suelo. Manuel Hurtado puntualiza que, entre los tres planes parciales diferenciados, “uno ha sido aprobado definitivamente y otros dos tienen una aprobación inicial” y apela a la “crisis inmobiliaria” como causa del retraso o la paralización de la culminación definitiva de estos procedimientos urbanísticos.

Multa de 2.000 euros y cierre de los acuíferos

Con un detonante ignorado o silenciado -algunas fuentes apuntan a una denuncia o a una actuación oficio de la propia entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha informado de una propuesta de incoación de un expediente sancionar y el mandato de anular, en menos de un mes, las dos conexiones que suministran agua. De lo contrario, este organismo, que impone una multa inicial de 2.000 euros, advierte de que, por sus propios medios, sellará las canalizaciones.

Confederación gestiona, revisa y regula los recursos hídricos del conjunto de la cuenca y entiende que las concesiones únicamente han de recaer y favorecer a las administraciones públicas.

“Hemos intentado legalizar y hacer consultas para legalizar la captación”, explica el presidente de Crisaras, asociación que dispone de dos semanas para formular alegaciones. Entre un “nerviosismo generalizado”, Manuel Hurtado endilga, también, la responsabilidad al Ayuntamiento y aboga por “una solución conjunta, consensuada, para que esa concesión de agua potable pueda servir para suministrar a la zona de Campo de Aras”. La incertidumbre y el embrollo jurídico que conciernen a un bien básico no le impiden pronunciar una “confianza plena” en hallar “un acuerdo con el Ayuntamiento”, vislumbrado tanto en moratorias como en alternativas transitorias.

La preocupación en el interior del Ayuntamiento es intensa e imposible de enmascarar. Al término de la pasada semana, el alcalde, Juan Pérez, y varios de sus concejales recibieron a miembros del colectivo de propietarios y, días después, el Consistorio celebró una convocatoria con personal técnico. Mañana jueves, los portavoces municipales se han citado en una reunión monográfica sobre este asunto y, a lo largo de la misma jornada, después de varios días de sigilo, comparecerán integrantes del gobierno municipal al objeto de manifestar las causas de esta amenaza y las competencias que incumben al Consistorio.