Apertura de los puestos solo en horario de mañana, patrullas insuficientes, coches anticuados... La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha advertido este miércoles de la situación del Instituto Armado en la comarca del Alto Guadalquivir cordobés, que incluye municipios como Montoro, Bujalance, Villa del Río, El Carpio, Adamuz y Villafranca de Córdoba, con una población que ronda los 40.000 habitantes. 

El secretario general y el responsable de relaciones institucionales de la AUGC se ha reunido con la presidenta de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir y alcaldesa de Bujalance, Elena Alba (PP), a la que le han expuesto la situación del Instituto Armado en la comarca. 

Para empezar, y según el colectivo de agentes, entre todos esos puestos "suman una plantilla insuficiente para las actuales necesidades", sobre todo teniendo en cuenta que más del 25% de los efectivos no están disponibles por encontrarse agregados a equipos Roca de lucha contra los robos en el campo y Viogén -especializados en violencia de género-, comisionados en otras unidades o con bajas médicas de larga duración.

El resultado es que en la mancomunidad la ratio sería de un guardia civil por cada 666 habitantes –o por cada 893 habitantes, si se tiene en cuenta el personal disponible realmente en la actualidad–. Así, la consecuencia es que esos puestos "solo pueden abrir sus puertas para atender a la ciudadanía en horario de mañana, y no todos los días", tan solo dos o tres días de la semana.

Pero además, incide la AUGC, ese déficit de plantilla y la dispersión en diferentes puestos "obliga a tener que mezclar agentes de distintas unidades para poder sacar patrullas a la calle, y las escasas patrullas de seguridad ciudadana disponibles se ven sobrepasadas al tener que vigilar y atender las incidencias de varias poblaciones simultáneamente, algunas muy distantes entre sí, por lo que se incrementa mucho el tiempo de respuesta ante requerimientos ciudadanos". De hecho, en algunos turnos una sola patrulla se está teniendo que encargar de las demarcaciones de Bujalance, Montoro, Villa del Río, Adamuz, Villafranca, Cerro Muriano y Córdoba.

Ante esa situación, la AUGC ha trasladado a la regidora bujalanceña su propuesta de reestructuración del despliegue territorial de la Guardia Civil en la provincia, mediante una comarcalización de las unidades actualmente inoperativas, de modo que se agrupen los efectivos ahora dispersos en unidades capaces de cubrir las necesidades de seguridad de todas las poblaciones. "Así se conseguiría reducir el personal dedicado a funciones administrativas e incrementar el número de efectivos para cometidos netamente policiales, lo cual permitiría contar con más patrullas en todos los municipios", explican desde la AUGC.

Responsables de la AUGC, reunidos con Elena Alba.

Además, consideran que "es necesaria la dotación de personal propio para los nuevos equipos especializados que se han ido creando (robos en el campo, violencia de género, ciberdelincuencia o seguridad aeronáutica) para no detraerlos de los de los puestos de seguridad ciudadana como se está haciendo ahora, así como la incorporación de personal en situación de reserva para desempeñar los cometidos administrativos".

Los representantes de AUGC también advierten de que la mayoría de los acuartelamientos de la Guardia Civil en la comarca son "muy antiguos", con dependencias oficiales que necesitan mejoras y pabellones "en mal estado", pero las partidas presupuestarias para infraestructuras son "insuficientes" todos los años. En ese sentido, la comarcalización y agrupación de efectivos "reduciría los costes de mantenimiento de instalaciones y permitiría mejorarlas", consideran.

Por otro lado, un "elevado porcentaje" de los vehículos asignados a los puestos de esa zona son "viejos", acumulan muchos kilómetros y se encuentran "en mal estado", por lo que la asociación profesional propone que la Guardia Civil utilice mayoritariamente vehículos de renting, como se hace en otros cuerpos policiales, así como que Interior centralice las compras de vehículos para los dos cuerpos estatales.

En la reunión también se han tratado otras cuestiones como la necesidad de que los guardias civiles tengan una jornada laboral "digna" con turnos de trabajo que les permitan conciliar su vida laboral y familiar, el reconocimiento del derecho a una jubilación adecuada en las mismas condiciones que el resto de cuerpos policiales, la reclasificación al grupo B funcionarial de la escala básica de cabos y guardias y el "pleno cumplimiento" del acuerdo de equiparación salarial y profesional.