La Asociación Unificada de Guardias Civiles en Córdoba (AUGC) ha logrado que se indemnice a un guardia civil agredido en Almodóvar del Río, ya que el Instituto Armado ha estimado la solicitud indemnizatoria planteada por los servicios jurídicos de AUGC tras haber sido declarado insolvente el agresor.

La organización ha explicado que los servicios jurídicos de la misma una solicitud por la vía de resarcimiento para un guardia civil que resultó herido durante una actuación en la barriada de Los Mochos, de Almodóvar del Río, al haber sido declarado insolvente el condenado por la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2015, cuando dos agentes del Puesto de Córdoba acudieron a esta barriada para auxiliar a los servicios médicos con una persona que tenía un cuchillo y mostraba un comportamiento violento debido a un brote psicótico. Dicho individuo, que en un primer momento se abalanzó contra los guardias civiles blandiendo un hacha, propinó varios puñetazos y patadas a uno de los agentes, ocasionándole diversas lesiones de las que tardó dos meses en curar.

Ahora, el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía ha estimado los argumentos expuestos por los servicios jurídicos de AUGC y ha reconocido el derecho del agente, actualmente en situación de reserva y destinado en el Destacamento de Seguridad de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, a ser resarcido por la Administración, abonándole 2.300 euros que debería haberle pagado el condenado por los daños causados.

El secretario jurídico de AUGC, Francisco Cruz, ha valorado muy positivamente la resolución administrativa y ha declarado que “la Guardia Civil no podía sino estimar la pretensión planteada, porque es evidente que a este caso le es aplicable el principio de indemnidad que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos, y la consiguiente reparación que se deriva de dicho principio, teniendo en cuenta que nuestro afiliado sufrió por causa de su actuación pública unos daños, correspondiendo al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos, asumiendo la indemnización al afectado por las lesiones y secuelas sufridas”.