La agrupación de servicios estatales, asentados y dispersados en distintos emplazamientos de la comarca, se erige como la primera opción que encauzaría la “redefinición” esgrimida por el Gobierno central en su proyecto de construcción de un edificio de grandes dimensiones en la zona este de Lucena.

La idea fraguada desde 2008, consistente, hasta hace escasos meses, en la ejecución de un inmueble destinado a unificar las tres sedes del Instituto Nacional de la Seguridad en Lucena, se evaporó definitivamente. Los precedentes de obstáculos administrativos, paralizaciones y retrasos en la materialización y plazos disipados antecedieron al desistimiento definitivo. La dirección general competente ha aducido una modificación estructural, tanto de funcionamiento como de recursos humanos, en los 13 años transcurridos, que invitan a descartar la pretensión originaria.

En su reciente visita a Lucena, la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha desvelado que “sin descartar” otras alternativas, como la convivencia de diferentes administraciones o, incluso la concertación de una permuta –posibilidades aportadas por el alcalde de la localidad-, en primer término, “vamos a analizar lo nuestro” a fin de reflexionar sobre una futura “concentración” de “algunos servicios”.

Durante la reunión celebrada en Madrid, a mediados del pasado octubre entre el primer edil y la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Juan Pérez ya arguyó que una de las fortalezas de la ubicación del municipio lucentino radica en la capacidad de atender, como eje geográfico, a unos 195.000 habitantes del sur de Córdoba.

En primer término, por consiguiente, Valenzuela se decanta por examinar “todas las prestaciones del Estado”, no sólo las presentes, sino, también, “las que pueden concurrir en el futuro” y contemplar “internamente” la viabilidad de este planteamiento. Los terrenos adquiridos por el Estado se localizan entre las calles Zagrilla, Montilla y Carcabuey.

El alcalde, Juan Pérez, abunda en que esta conjunción de los servicios de la Administración General del Estado “fue una de las posibilidades que se barajaron en su momento” tras conocer “la suspensión de los trabajos de restauración y recuperación del edificio”. En cualquier caso, ha indicado que la corporación municipal afrontará “los movimientos o actuaciones necesarias” para “darle la vida necesaria” a un inmueble que concitó un presupuesto total de seis millones de euros.