Retrasos crónicos, resoluciones contractuales y virajes reiterados durante más de 15 años han culminado en la anulación de un proyecto que enclavaba en la zona este de Lucena un edificio de sobresalientes dimensiones ideado para aunar las tres sedes que mantiene operativas en el municipio el sistema público de la Seguridad Social.

Cinco meses después del anuncio, por parte de Subdelegación del Gobierno, de la licitación “en fechas próximas”, plasmándose en el Boletín Oficial del Estado, de la terminación material de este equipamiento, ejecutado al 20%, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha emitido una resolución, mediante la dirección general competente, que cancela la construcción de un inmueble situado entre las calles Montilla, Zagrilla y Carcabuey. La publicación anticipada no terminó de aparecer en el BOE.

Este centro, ahora frustrado, hubiera ocupado una parcela perteneciente, previamente, al patrimonio de la administración local y que asumió el Estado para una finalidad concreta.

Antes de las optimistas previsiones confirmadas en el último abril –definitivamente truncadas-, el propio alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), revelaba, en noviembre del pasado año, la configuración de un plan de gasto plurianual, aprobado por el Ejecutivo central, para la conclusión de una infraestructura adjudicada por vez primera en 2012. Este presupuesto contemplaba un desembolso, hasta 2023, de 4,7 millones. En fechas precedentes, sí finalizó ordinariamente la redacción del nuevo plan de obra.

Los últimos impulsos administrativos conferidos a esta actuación han adolecido de incredulidad porque los trabajos tangibles, suspendidos desde el año 2015, nunca se han reanudado.

La ratificación de las conjeturas asomó en los últimos minutos del Pleno correspondiente a septiembre, el primero celebrado de forma presencial desde el pasado mes de agosto. Ante una interpelación de Ciudadanos, el primer edil, visiblemente apesadumbrado y preocupado, corroboraba que un documento oficial ya reflejaba una decisión del Gobierno nacional a la que, aseveraba, que se iba “a negar rotundamente”.

Pérez ha sostenido que, hasta este pasado lunes, "no" tiene "conocimiento de nada". "No me había enterado absolutamente de nada”, ha incidido. En sus primeras comunicaciones, el responsable provincial del INSS vuelve a verificar la información. Juan Pérez también ha contactado, para conocer más detalles, con la Subdelegación del Gobierno, que, por el momento, carece de más pormenores acerca de esta determinación.

Por medio de un correo electrónico, el alcalde ya ha solicitado una reunión, preferentemente presencial y “a la mayor brevedad posible”, al director general del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Si soy capaz de hablar cara a cara con él, tengo mucho más que ganar que perder”, ha comentado.

El plan inicial, del que desiste el Gobierno central, reunía, en un entorno próximo al centro de salud 2 y a la Ciudad Deportiva, la tesorería general, la unidad de recaudación –situadas en dos inmuebles próximos en la calle San Pedro-; y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ubicado en una dependencia del centro de salud 1, al lado del Paseo de Rojas.