El estado de emergencia por la sequía será declarado en la zona Norte de Córdoba por la vía legal que sea más rápida, ya sea como interés general del Estado a través de un Consejo de Ministros o bien por la Diputación. De momento no se dan plazos, "se está evaluando" y se declarará "en función del tramite más corto", ha dicho la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, tras comparecer en una rueda prensa tras el último anuncio de que el Ejecutivo Central será quien financie el bombeo de emergencia del embalse de La Colada hacia Sierra Boyera.

A partir de ahí se podrá iniciar la ejecución de lo que se ha establecido por parte de la comisión técnica como la "única solución provisional" ante los problemas de sequía inminente que sufren las comarcas de Los Pedroches y el Valle del Guadiato y que pasa por la construcción de una tubería superficial aprovechando la conexión desde La Colada hasta Sierra Boyera (ejecutada al 90%) y el trasvase de agua de un embalse a otro mediante el uso de bombas convencionales.

Dependiendo de la institución que declare la emergencia, será Emproacsa (Diputación de Córdoba) o Acuaes (Estado) quien se encargue del bombeo, aunque el compromiso de cargar con los costes de la instalación y el bombeo lo ha adquirido el Gobierno, si bien Valenzuela ha afirmado que la Diputación también se ha abierto a financiar si tuviera que hacerlo, además de aportar medios técnicos necesarios.

Llegados a ese punto, la cuestión se centra en los plazos temporales, claves en una situación de emergencia como ésta. ¿Cuándo se iniciarían las obras y cuándo podrían estar terminadas? De momento, este jueves habrá otra reunión entre administraciones y con la presencia de los alcaldes de los municipios implicados, pero hasta entonces no serán días perdidos, ha asegurado la subdelegada en Córdoba, puesto que Emproacsa ya está avanzando en pedir presupuestos de los elementos necesarios a las empresas especializadas.

Aún así, Valenzuela ha tenido en cuenta que habrá que ajustarse a los plazos de entrega de estos materiales ya que no son fáciles ni rápidos de conseguir. "Cuando nos digan cuando nos lo sirven, nosotros diremos cuanto puede estar la emergencia finalizada. Todo va en cadena, tenemos que ir paso a paso", ha destacado la subdelegada.

La Junta

Más allá de las novedades, el cruce de acusaciones entre las administraciones competentes en el tema, que dirigen PP (Junta de Andalucía) y PSOE (Gobierno y Diputación), sigue al alza. Por repetidas ocasiones que se entone el discurso de la concordia para trabajar conjuntamente por los intereses de las 80.000 personas afectadas, el señalamiento entre unos y otros no cesa.

En este caso, Valenzuela ha criticado que, tras las reuniones -"muy fructíferas"- celebradas entre representantes de las instituciones involucradas, y que deliberaron como "única solución" el bombeo desde La Colada hasta Sierra Boyera, la Junta se ha mostrado "cautelosa y no responde si se va a sumar a esta emergencia", porque asegura que no tiene competencias para declarar ninguna emergencia.

Como consecuencia, la Subdelegación encargó la semana pasada un informe a la Abogacía del Estado para aclarar las competencias que tienen todas las administraciones en situación de sequía extrema y que, regido por el principio de celeridad, concluye que tanto las administraciones locales, provinciales, Junta de Andalucía y el Estado pueden declarar el estado de emergencia.

Acto seguido de achacar a la Junta sus intenciones de "eludir" responsabilidades y de "confundir a los ciudadanos", Valenzuela ha afirmado que "las competencias no son cosas para arrojarnos a la cabeza entre unos y otros".

Por último, ha recordado al gobierno autonómico que "ya fueron las elecciones" y ahora "es momento de ponernos a trabajar y a colaborar lealmente entre instituciones, eso es lo que pedimos; podemos hacerlo conveniendo entre todos y hacerlo rápido, pero si una administración se inhibe nosotros no podemos perder ni un minuto más en intentar darle solución a este problema".