Un 67 % de aglomeraciones urbanas de las ocho provincias andaluzas cumple la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, dos puntos porcentuales más que en 2021, pero al menos un tercio sigue sin cumplirla. De todas ellas, la provincia de Córdoba registra la mejor tasa de depuración de aguas de Andalucía. 

Así se recoge en un informe presentado por Ecologistas en Acción sobre el saneamiento y depuración en Andalucía basado en el control que ejerce la Administración hidráulica andaluza de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de más de 2.000 habitantes-equivalentes del año 2022 y han analizado menos del 50 % del total de depuradoras construidas, que, según el último Informe de Medio Ambiente, son 683.

En el ámbito provincial es donde se reflejan mejor las diferencias con respecto al año anterior, ya que mientras que Córdoba y Huelva se mantienen prácticamente en los mismos porcentajes, las provincias de Granada, Almería y Jaén son las únicas que han mejorado mucho.

En la evaluación de los últimos diez años, con una media de 308 depuradoras analizadas, solo Córdoba ha mantenido en porcentajes que rondan el 84,5 % de media, según el informe elaborado por Ecologistas. 

En Córdoba, de las 39 depuradoras de más de 2.000 habitantes-equivalentes -cuyos datos se publican en la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), se encuentran que las que cumplen la normativa en 2022 son las siguientes: Adamuz, Aguilar de la Frontera, Baena, Belalcázar, Bélmez, Bujalance, Cabra, Carcabuey, Castro del Río/Espejo, Córdoba-La Golondrina, Doña Mencía, El Carpio/Pedro Abad, Espiel, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, Iznájar, La Victoria, Lucena, Luque, Montemayor, Montilla, Montoro, Monturque, Nueva Carteya, Palma del Río, Priego de Córdoba, Puente Genil, Santaella, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Villanueva de Córdoba y Villaviciosa de Córdoba. 

En 2019 se proporcionaron los datos de 37 aglomeraciones (y 34 en el año 2020). El informe reconoce que faltan respecto a 2019 los datos de Cardeña, Pedroche y Villanueva del Rey. Por su parte, se proporcionan analíticas de Santaella, tras su puesta en marcha en mayo del año 2021 y una inversión de 6 millones de euros.

Depuradoras con problemas

El citado informe destaca que Córdoba sigue siendo la provincia que mejor porcentaje de cumplimiento tiene de la normativa, así que son pocas las depuradoras no conformes, aunque una parte de ellas siguen dando problemas desde el año 2013, donde Ecologistas en Acción comenzó a analizar las analíticas.

Se trata del primer año que proporcionan analíticas de la aglomeración urbana de Alcaracejos y Villanueva del Duque, una infraestructura cuya autorización de vertido depende de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Según Ecologistas, los datos proporcionados por esta administración indican que el titular de la autorización es la Diputación de Córdoba, a través de la empresa Aguas de Córdoba.

En el caso de la EDAR de Añora/Dos Torres, "era una de las pocas de la provincia que siempre era no conforme a normativa, salvo en el año 2021 que consideramos que tenía un tratamiento adecuado", recoge el estudio, que añade que se trata de una infraestructura construida en el año 1995 que "se acerca al final de su vida útil que cuenta con importantes carencias en su diseño y construcción, tales como la ausencia de un pretratamiento y un tratamiento primario, sin los cuales se hace muy difícil cumplir la normativa".

Por su parte, la depuradora de El Viso/Villarato, también gestionada por Emproacsa, tiene el punto devertido del efluente en el arroyo Arenoso. Entró en funcionamiento en el año 2010 y trata más de 314.000 m3 de aguas residuales urbanas de estas dos poblaciones, dando servicio a 3.600 habitantes aproximadamente. Ecologistas recuerda que basa su sistema de depuración en la tecnología de biodiscos y recibe las aguas residuales mediante cinco estaciones de bombeo.

La estación de Peñarroya-Pueblonuevo, por su parte, es otra de las instalaciones examinadas en este informe. Al respecto, Ecologistas recuerda que esta EDAR "siempre ha incumplido la normativa en estos últimos 10 años, con la salvedad del 2019 y 2020, donde consideramos que era conforme a norma". "Lasmuestras del año 2022 indican que cumple para el parámetro fósforo, pero la mayoría de las 12 analíticas sobrepasan los límites para el nitrógeno total", anota.

También destaca que "esta depuradora necesita una ampliación de la infraestructura existente para que se implante un tratamiento terciario que elimine la carga orgánica residual y aquellas otras sustanciascontaminantes no eliminadas en los tratamientos secundarios como son el nitrógeno y el fósforo, ya que además se sitúa en la zona sensible embalse de Sierra Boyera. Tiene el punto de vertido del efluente en el arroyo innominado afluente del arroyo de las Cigarreras.

A todas ellas se suma la de Pozoblanco, "la peor depuradora de la provincia año tras año", reconoce Ecologistas, que insiste en que esta localidad "necesita una nueva infraestructura para que se implante untratamiento terciario que elimine la carga orgánica residual y aquellas otras sustancias contaminantes no eliminadas en los tratamientos secundarios como por ejemplo los nutrientes: nitrógeno y fósforo".

Al respecto, recuerda que la localidad tenía revocada la autorización de vertido desde diciembre del año 2007, la cual ha conseguido de nuevo en octubre del año 2019. El punto de vertido del efluente se sitúaen el río Guadarramilla, en el término de Añora.

Canon del agua

El informe también hace referencia al canon del agua, que ha supuesto a las arcas de la Junta unos ingresos totales de más de 1.300 millones (142 millones en 2020), de los que solo se han ejecutado y financiado con cargo a los ingresos del canon de mejora autonómico poco más de 428 millones de euros, ha denunciado.

En 2023 no se ha recaudado este impuesto finalista que se venía cobrando desde 2011, con la excusa de "ayudar a familias y empresas a paliar los efectos de la subida de precios", ha señalado en el comunicado

Por otra parte, Ecologistas en Acción constata que en los cuatro últimos años se ha acelerado de forma notable las infraestructuras pendientes que se declararon de interés autonómico en 2010 y ha indicado que, si en 2018 había más de un 42 % de actuaciones sin iniciar, a finales de 2022 todas las obras están en marcha, bien finalizadas, en ejecución, licitadas, en tramitación, anuladas o se han estimado como no necesarias.

Por ello, ha exigido a las a administraciones local, autonómica y estatal la ejecución de las actuaciones pendientes y que aceleren los procedimientos administrativos necesarios y "no escatimen los ingresos del canon para su ejecución".

La formación ha recordado además que Andalucía y España tienen un serio problema en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, motivo por el que el país tiene abiertos cinco procedimientos de infracción, de los que dos acabaron en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Actualmente, la mayor multa pagada a Europa corresponde al incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y se prevé que llegue hasta los 80 millones, quince de los cuales los pagará Andalucía, ha reseñado la organización ecologista.