El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este lunes un nuevo decreto sobre el que se articulará un amplio abanico de instrumentos de apoyo económico, administrativo y medidas facilitadoras para el impulso de nuevos ecosistemas industriales en Córdoba y en las provincias de Almería y Cádiz. Entre ellos, se incluyen 169 millones de euros destinados a incentivos financiados con el Fondo de Transición Justa, de los que 35,1 millones corresponden a Córdoba, el nuevo instrumento que se incorpora al marco comunitario 2021-2027 cuyo objetivo es prestar apoyo a aquellos territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos derivados del proceso de transición climática para alcanzar los objetivos en materia de energía y clima para 2030 y 2050.

En el caso de Andalucía, Córdoba se sitúa entre las más afectadas de España por, fundamentalmente, el desmantelamiento de la central térmica de carbón de Puente Nuevo, en el Alto Guadiato. Al impacto directo de su cierre se une el de las empresas auxiliares y, en algunos casos, las necesidades de transformación de las industrias intensivas en consumo energético y emisiones que se desarrollaron en torno a la actividad energética.

Por tanto, el decreto permitirá a la Junta de Andalucía actuar "de manera ágil e implementar las medidas y procesos necesarios para la adopción de los instrumentos de concesión de los incentivos de Transición Justa", así como del resto de elementos que la acompañan, con el fin de mantener actividades industriales en los territorios afectados y de crear nuevas actividades que compensen el tejido productivo perdido.

Este impulso se sustentará en el fomento de inversiones productivas vinculadas a los denominados proyectos tractores de transición justa, que serán vehículos para articular esas inversiones que den respuesta a la pérdida de industria y de empleo. Para ser considerados tractores, los proyectos deberán responder a alguno de los siguientes objetivos: transformación ecológica y digital, incluyendo la economía circular; desarrollo de la cadena de valor de las energías renovables, autoconsumo, almacenamiento energético e hidrógeno renovable; o diversificación económica de los territorios.

En este sentido, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Industria, trabaja en la configuración de nueve proyectos tractores centrados en ámbitos con un alto componente innovador como los de generación y uso de nuevos vectores energéticos, incluido el hidrógeno verde, la recogida y transformación de residuos, la aviación sostenible, la logística avanzada o la industria para una agricultura sostenible de alta productividad, o que ayudarán a la transformación sostenible de sectores más tradicionales como los de la construcción naval o de la piedra y mármol, e incluso permitirán avanzar en nuevos ámbitos de especialización inteligente como el de la edificación industrializada.

El decreto pondrá al servicio de la recuperación y diversificación industrial de estas provincias una amplia batería de medidas, entre las que destacan los 169,2 millones en incentivos para la transición justa, de los que 35,1 millones serán para Córdoba. Se acompañarán de otras actuaciones como la detección de necesidades formativas, el impulso a la formación de los jóvenes en los centros de trabajo y acreditación de los trabajadores, así como la formación para el empleo, especialmente con compromiso de contratación. Un trabajo que desarrollará la Consejería de Industria, Energía y Minas junto con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y la de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Se incluye igualmente la figura de la Oficina Técnica de Transición Justa en cada una de las tres provincias, que ofrecerá servicios de asesoramiento técnico, dinamización y acompañamiento a las potenciales entidades inversoras interesadas en participar en los proyectos tractores. El texto contempla la preferencia de iniciativas vinculadas a Transición Justa en la asignación de proyectos de inversión a la Unidad Aceleradora de Proyectos, atendiendo al sentido de urgencia de las inversiones que se busca impulsar.

Otro ámbito de actuación es el impulso a los planes para la formación y acreditación para conseguir el reciclaje profesional de las personas que han perdido su empleo por causa del cierre de las centrales térmicas, así como para preparar profesionales para afrontar los desafíos que plantea la transición ecológica y digital de la industria en los territorios de transición justa.

El decreto abarca al conjunto de los municipios de las provincias de transición justa, con especial atención a aquellos más próximos a las instalaciones energéticas cerradas, e incluye un amplio modelo de gobierno que busca establecer un marco de cooperación entre la Junta de Andalucía, el resto de las administraciones, los agentes económicos y sociales y los organismos que representan a la sociedad civil en la ejecución, el seguimiento y evaluación. Finalmente, el amplio alcance se completará con el desarrollo de un plan de comunicación específico en cada una de las provincias de transición justa mediante un enfoque activo y creativo, con el doble objetivo de familiarizar a la ciudadanía con el proyecto europeo de Transición Justa y de impulsar la absorción de los fondos gracias a una comunicación eficaz.