A 31 de diciembre de 2018, el número total de unidades guardadas en el almacenamiento de las plataformas Norte y Sur de El Cabril, las correspondientes a los residuos de baja y media actividad, era de 6.917, “lo que supone el 77,20% de la capacidad total estas plataformas dedicadas a ese tipo de residuos”.

Y el de unidades de almacenamiento de residuos de muy baja actividad, alojadas en la plataforma Este, era de 15.491 metros cúbicos (2.238 metros cúbicos almacenados en 2018), lo que se traduce detalladamente en que el volumen total ocupado en la celda 29 era del 25,0% y del 11,20% en la celda 30 –o lo que es lo mismo, la zona dedicada a los residuos de muy baja actividad está al 36,2%–.

Asimismo, en las celdas 27 y 28 de la plataforma Sur se encuentran almacenados con carácter temporal 138 contenedores ISO con residuos procedentes de los incidentes de las acerías. Se trata datos que sobre el complejo ubicado en la Sierra Albarrana ha dado a conocer Enresa –empresa pública gestora de El Cabril– en su memoria anual correspondiente a 2018.

En la memoria se insiste en que el Centro de Almacenamiento de El Cabril recibió en 2018 un total de 2.489 metros cúbicos de residuos, de los cuales el 71% fueron de muy baja actividad y procedentes del desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

Además, de las 265 expediciones de transporte que arribaron a la instalación, el 90% procedía de instalaciones nucleares, en tanto que el porcentaje restante se retiró de las 934 instalaciones radiactivas de hospitales, industrias o centros de investigación con los que Enresa tiene contrato de retirada, y de otras instalaciones no reglamentadas, dentro de los protocolos Megaport y de control radiológico de materiales metálicos en fundiciones, siderúrgicas o parques de chatarras, en los que participa la empresa.

Desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se insiste en que el seguimiento y control de las operaciones, las evaluaciones de los informes periódicos remitidos por la instalación al CSN, así como las inspecciones realizadas por el propio CSN, “permiten concluir que las actividades se han desarrollado de acuerdo con los límites y condiciones establecidos en la autorización de explotación y en la legislación vigente”.

En la memoria se coincide con el CSN en que “durante 2018 se han llevado a cabo, sin ningún tipo de incidentes, todas las etapas que comprende la gestión de este tipo de residuos como son su caracterización, recogida, transporte, tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento, teniendo como elemento fundamental la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana”.

Hasta el 11 de marzo de 2015, la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 13 de julio de 1998, regulaba las asignaciones que Enresa debía pagar a los ayuntamientos, cuyo término municipal –caso de los de Hornachuelos y Fuente Obejuna– comprenda o se encuentre cercano a un centro de almacenamiento de residuos radiactivos o a centrales nucleares que almacenen el combustible gastado en sus propias instalaciones.

Esta Orden fue derogada y sustituida por la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.

Según se indica el preámbulo de la propia orden, “transcurridos 25 años desde el origen de estas asignaciones, los municipios mencionados aún mantienen una marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares, debido a la baja incidencia que dichas asignaciones han tenido en su desarrollo económico, al haber sido escasa su aplicación a la ejecución de proyectos de inversión que contribuyesen a la generación de economías alternativas. En consecuencia, y teniendo en cuenta el interés mostrado sobre esta cuestión desde distintos ámbitos, se ha considerado conveniente introducir mecanismos que contribuyan a la consecución de dicho objetivo, principalmente con vistas al futuro, una vez haya cesado la actividad de las instalaciones".

Por este concepto y para proyectos cofinanciados, el Ayuntamiento de Hornachuelos percibió 241.704 euros en 2018 y 123.172 euros el de Fuente Obejuna.