Los cuatro grupos que componen la corporación municipal egabrense aprobaron de manera unánime una propuesta de la alcaldía por la que el Ayuntamiento establecerá un sistema de devolución de las cuantías económicas abonadas en concepto de impuesto por incremento de valor del suelo a todos aquellos propietarios que, con posterioridad al uno de enero de 2010, se vieron obligados a entregar su vivienda a entidades bancarias como dación en pago de su hipoteca. Hasta ahora todos los vecinos incluidos en el catastro estaban obligados a abonar una tasa específica para este ámbito, algo que según el nuevo marco normativo aprobado por el Gobierno central ya no es obligatorio al desaparecer el objeto de revalorización.

Esta medida permitirá que una docena de familias de la localidad puedan recuperar el dinero abonado por este impuesto "injusto", algo que era "una necesidad" por parte del equipo de Gobierno -compuesto por PP y PA- según el alcalde, Fernando Priego (PP), quien hizo un llamamiento a todos aquellos vecinos que se encuentren en esta situación y aún hayan sido advertidos por el negociado de Plusvalías del Consistorio, tal y como se ha hecho hasta ahora, para que se acerquen a conocer los trámites necesarios de cara a conseguir la devolución.

De la docena de exenciones previstas sólo dos aún no cuentan con expediente, encontrándose la decena restante ya giradas e incluso algunas abonadas.

Pese a haber cerrado filas en torno a este asunto entre los grupos, en el Pleno no faltó la polémica de índole política. Concretamente en un rifirrafe protagonizado entre la portavoz de IU, Elvira Asencio, y el propio regidor quienes se enzarzaron en un cruce de acusaciones relativo a la postura de sus dos formaciones políticas ante la problemática de los desahucios. En opinión de la edil, la Ley 1/2013 aprobada por el Gobierno central para apoyo a familias en riesgo de perder su vivienda "no tenía ninguna intención real de solucionar el problema de estas personas", sino "proteger los intereses de la banca y realizar un lavado de cara al PP" que aún sigue manteniendo "una connivencia con las entidades financieras que vulneran el derecho a la vivienda".

Priego contestó de manera tajante a las acusaciones de la portavoz de la coalición de izquierdas al afirmar que "si hoy se aprueba esta medida es porque el Gobierno de España puso en marcha una modificación de la ley vigente hasta el momento". Igualmente, y ya en clave local, recordó a Asencio que el gabinete que dirige "ha sido el primero" en la historia democrática local que ha puesto en marcha "una oficina de apoyo a las familias en riesgo de perder su vivienda", acusándola de tener "una doble vara de medir porque ustedes no hacen nada y cuando hay alguien que hace algo lo critican el doble".