Corrupción e instituciones

De nuevo los casos de corrupción asociados al partido gobernante estallan ocupando la actualidad política y provocando la indignación y el hartazgo. Sorprende que corruptos como Ábalos, Cerdán y Koldo estuviesen actuando impunemente desde hace muchos años sin que el presidente y otros compañeros del partido del Gobierno detectasen los comportamientos de personajes tan zafios. Esperamos que la investigación independiente ponga a los responsables y colaboradores ante la justicia cuanto antes.

No es la intención de este artículo insistir en la condena de los corruptos, sino llamar la atención de que la corrupción se produce porque las instituciones democráticas son imperfectas o no funcionan correctamente, como lo pone de manifiesto la correlación inversa entre percepción de la corrupción y calidad de las instituciones democráticas. Según Transparencia Internacional (TI), los países con la percepción más baja de corrupción en 2024 eran Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, mientras que Somalia, Venezuela y Siria ocupan las posiciones inferiores en el índice. TI alerta en su último informe de que el debilitamiento de los sistemas de justicia está provocando el aumento de la corrupción en el mundo, y más intensamente en España que descendió 4 puestos en 2024 respecto al año anterior y 16 respecto a 2019, situándose en la posición 46 de 180 países del mundo.

Así, por tanto, más que lamentaciones, lo que debe ocuparnos hacia el futuro es vigilar la calidad institucional de nuestra democracia, que viene deteriorándose desde hace años. Lo más elemental es proteger el equilibrio y la independencia de los tres poderes del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo, pero observamos que, en la complejidad de la gobernanza de los países, el ejecutivo va asumiendo mayores parcelas de decisión y poder, las más de las veces de carácter discrecional y sin que esté previsto poderes compensatorios para su vigilancia. El gobierno de Pedro Sánchez ha producido una enorme profusión de decretos leyes con menor posibilidad de debate parlamentario, se han aprobado leyes violentando la Constitución y con generalizado rechazo social, singularmente la Ley de Amnistía y la financiación de la Generalitat de Cataluña, y ha colonizado instituciones del Estado en las que debe primar la profesionalidad e independencia, como recientemente me he referido aquí sobre el Banco de España, al que se suman el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española, y otros consejos de organismo públicos, a la vez que interfiere en los mercados privados dificultando la OPA del BBVA al Sabadell solo por intereses de sus socios nacionalistas catalanes.

En cuanto al equilibrio entre los tres poderes del Estado, el legislativo es crecientemente una correa de transmisión de las decisiones del ejecutivo y de los negocios partidistas, pero el riesgo mayor se está produciendo con el ataque al sistema judicial desde el Gobierno y los partidos que le apoyan, y con la fragilidad de un sistema de elección partidista, que introduce en el Consejo General del Poder Judicial una permanente tensión política. Justo ahora, cuando la judicatura está abordando la instrucción de diversos casos de corrupción en el entorno del presidente Sánchez, el Gobierno aborda un proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, una ley por procedimiento de urgencia que ha superado las propuestas de enmienda a la totalidad en el Congreso, y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, según los planes del Gobierno, recibirá las competencias de la instrucción judicial. Ambas iniciativas limitan la independencia del poder judicial, por lo que las asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias han convocado una huelga el próximo 28 de junio, a la que seguirán tres días de paro exigiendo la retirada de las reformas.