EDITORIAL
Un privilegio insolidario
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Con Pedro Sánchez encastillado tras el escándalo sin precedentes que sacude a su partido y a su Gobierno y dispuesto a mantener la legislatura contra viento y marea, todo indica que va a tener que pagar, de nuevo, una cuantiosa factura para alargar su permanencia en el poder. Para alejar el fantasma de unas elecciones anticipadas a las que acudiría en una situación catastrófica, Sánchez es consciente de que necesita renovar los acuerdos con sus socios parlamentarios. Y que estos van a aprovechar la debilidad del Gobierno para presentar nuevas demandas que el inquilino de La Moncloa no va a dudar en satisfacer o, al menos, prometer. Que la primera acción del presidente tras la conmoción inicial tras el informe de la UCO sobre los manejos del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, haya sido escenificar una ronda de contactos con sus aliados señala cuál es el rumbo que adoptará la legislatura en los próximos meses. La formación que actúa con mayor descaro en estas cuestiones, Junts per Catalunya, lo ha dejado claro tras la entrevista que mantuvieron el martes con el presidente del Gobierno los delegados de Puigdemont. Sánchez, que ignora aún la profundidad real del escándalo al que hace frente, no tiene otro objetivo que no soltar el poder. Aplicará para ello la receta que viene utilizando desde el comienzo de la legislatura: abrirá la ventanilla para que sus socios les presenten sus reclamaciones. Es la única vía que tiene para mantener una estabilidad parlamentaria que, aunque en riesgo permanente de colapso, le da margen de maniobra a la espera de tiempos mejores. El futuro del presidente del Gobierno queda, más incluso que antes, en manos de un conjunto heterogéneo de fuerzas políticas, pero que tienen un denominador común: poner un precio elevado para satisfacer la estrategia de Pedro Sánchez de permanecer en el poder cueste lo que cueste.
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