CADA trágala empeora el anterior. La enmienda transaccional por la que el PSOE ha vuelto a claudicar ante Carles Puigdemont –y sus conmilitones independentistas– para blindar su amnistía, al modificar y reducir la exclusión del borrado de los delitos de terrorismo, expande aún más el hedor del acto corrupto de intercambiar los votos para retener el poder a cambio de impunidad. La renuncia a cualquier línea roja, por la imposición de quienes explotan la debilidad del Gobierno, expone hasta un límite desconocido la inmoralidad del presidente Pedro Sánchez, capaz de inventarse una forma de terrorismo que sí puede amnistiarse.
La evidencia de ello es tal –incluso para quienes desayunan sapos cada día en el falso nombre del freno a las derechas– que el Gobierno trata de justificarse cuestionando la calificación jurídica de los hechos objeto de la medida de gracia, señalando que no puede considerarse terrorismo. La incongruencia es tal que, de ser cierto su argumentario, la mención a los delitos de terrorismo nunca se habría incluido en la proposición de ley ni se habría enmendado en un intento desesperado de salvar esta ley ad hoc, concebida exclusivamente para permitir la impunidad del presidente que declaró la independencia de Cataluña y huyó en un maletero de España.
Proclama ufano Sánchez que “la única verdad es la realidad”. Pero ni siquiera citar a Aristóteles borra el texto de la directiva europea que define y regula qué es terrorismo en la UE desde, precisamente, 2017. Directiva que sustituyó a la decisión marco de 2002 y modificó la decisión del Consejo sobre intercambio de información y cooperación sobre delitos de terrorismo de 2005. Entre las definiciones que la norma europea –y por tanto española– señala como fin terrorista está “desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional”. ¿Acaso no es exactamente eso lo que ocurrió en Cataluña en 2019 en las protestas tras la condena a los sediciosos catalanes?
Desmontada la impostura argumental sobre la calificación penal, queda lo único verdaderamente sustancial: el PSOE cede incluso en borrar actos terroristas porque se lo impone el futuro amnistiado. Ahí radica el mayor peligro para ambos: Puigdemont extorsiona políticamente para obtener su propia impunidad, pero con ello pone en riesgo su legalidad ante la Justicia Europa, que además no toleraría amnistiar acciones con fines terroristas, diga lo que diga el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido.
