La decisión unilateral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sólo con el apoyo de CCOO y UGT ha aprobado el texto del polémico Estatuto del Becario, de nuevo tensiona la coalición de gobierno y supone una ruptura casi total con la comunidad universitaria y con los empresarios. Los propios ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades, dados los requisitos que impone, avisan de las graves consecuencias de la norma para la continuidad de la oferta de prácticas y de los planes de estudio, ya que más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de Formación Profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP), si el Estatuto entra en vigor, podrían quedarse sin estas prácticas y, por ende, sin poder finalizar sus estudios.

La oposición de las instituciones implicadas, a excepción de los sindicatos, es frontal. La Red de Fundaciones Universidad Empresa considera un error legislar in extremis, sin consenso, y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa puramente académica. También han expresado su rechazo los Consejos Sociales, el Consejo de Estudiantes y, por supuesto, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que señala que lo aprobado constituye una peligrosa amenaza para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario.

Debe tenerse en cuenta, además, que el 65% de las prácticas afectadas por el nuevo Estatuto se realizan en las administraciones públicas y no en las empresas. Será, por tanto, “una legislación inaplicable”, como lo es ya la que versa sobre la cotización de los becarios a la Seguridad Social, para la que los ministerios de Universidades y de Educación están pidiendo –entra en vigor el próximo 1 de octubre– una moratoria, constatado su imposible desarrollo.

La equivocación básica, creo, es no entender que este tipo de prácticas no es un asunto principalmente laboral, sino una actividad de carácter esencialmente formativo.

Habrá que esperar que la situación misma de la legislatura impida la aprobación final del Estatuto. Y, al tiempo, recordar que esta forma de gobernar, a las bravas y porque lo digo yo, no es delirio aislado de Irenes e Iones, sino el modo habitual con el que la ultraizquierda impone sus criterios, sin reparar jamás en los destrozos que su utópica voluntad pudiera ocasionar. Un mal que, sumen o resten, parece incurable.