Los 178 votos con los que Francina Armengol fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados el pasado jueves frente a los 139 de Cuca Gamarra ofrecen la dimensión exacta de la impotencia del partido que ganó las elecciones, la ilimitada capacidad del partido de Pedro Sánchez para resistir las situaciones adversas y superarlas con audacia y desparpajo y la irresponsabilidad de ambos rehuyendo la única salida auténtica a la crisis de España: la colaboración entre los dos.

Sánchez ganó la Mesa del Congreso, pero también su propia investidura, que ya es casi un trámite, por más que los portavoces de Junts, ERC y PNV hayan avisado de que aún queda mucha tela por cortar y de que el PSOE tendrá que hacer más concesiones. Por un lado, las hará sin duda. Por otro, las amenazas son puro teatro encaminado a subir el precio de los votos respectivos. La escenificación del chantaje.

Emiliano García-Page, en uno de esos raptos de lucidez que se atreve a expresar de vez en cuando, ha dado en el clavo al definir a ésta como “una legislatura con mando a distancia”. Tan a distancia: el mando está fuera de España. Desde una mansión de lujo alquilada en Waterloo se decidirá quién se aloja en el Palacio de la Moncloa. No sólo eso. Dado lo ajustado de la probable mayoría, será un mandato convulso, inestable y accidentado. Tutelado.

Cada ley, cada política, cada presupuesto, no sólo habrá de conciliar los intereses de la veintena de partidos y partiditos socios y aliados. También necesitará el visto bueno de los siete diputados de Junts, o sea, de la voluntad de Carles Puigdemont. Porque Junts es un artefacto creado y mantenido al servicio de un prófugo de la Justicia, como se encargó de subrayar una vez más el jueves: reunió a la ejecutiva de Junts un rato antes de la sesión constitutiva del Congreso para que sus acólitos dijeran amén a lo ya decretado por él mismo.

¿Puede el Gobierno de España depender para su formación y para su gestión entera de una persona que si viniera a España tendría que ser detenido para ser juzgado por los tribunales acusado de delitos muy graves? ¿Puede formar parte de la mayoría gubernamental en España un político que se jacta de ser enemigo de España, que se siente orgulloso de haberla combatido y anuncia que seguirá combatiéndola? ¿Puede integrarse en el bloque progresista un eurodiputado que en Estrasburgo cultiva la amistad de la ultraderecha? Es raro, pero se ve que sí.