Vía Augusta
Alberto Grimaldi
La conversión de Pedro
Entre la “fabada asturiana”, palabras en clave que un empresario granadino le decía a Koldo García para referirse a una obra pública que supuestamente iban a amañar, y las expresiones de júbilo cuando sus afines accedían a los cargos del Ministerio, quienes asistimos a este lamentable reality que aporta la UCO al juez por entregas comprobamos que el mundo de los grandes negocios es a veces tan sucio como parecía. Más sórdido incluso, si nos adentramos en los detalles de los audios. Y ahí salen todos mal parados, hasta los empresarios más honestos.
Pese a que las grandes obras forman parte de uno de los sectores que más dinero público mueve, ahora sabemos que estos contratos apenas suponen el 11% de las denuncias ante la Oficina Andaluza Antifraude, que no ha recibido ninguna reclamación por los expedientes bajo sospecha de la trama de Ábalos, Koldo y Cerdán. Los andaluces denuncian el reparto de puestos de trabajo y otros actos como autorizaciones y licencias. Al ciudadano de a pie le preocupa más la apertura de un local ruidoso o la limpieza en unas oposiciones de Policía Local, por ejemplo.
¿Quién se pone a recurrir millonarios contratos de carreteras, puentes o vías ferroviarias? Podrían hacerlo los afectados directos, que son el resto de empresas que acuden a una licitación, pero hay algunas trabas para eso. La primera es que cuando vemos una larga lista de mercantiles aspirantes tendríamos que conocer bien el paño para saber quiénes se la juegan de verdad, ya que muchas de ellas tienen relación entre sí, ya sea societaria, de representantes o de acuerdos previos para concurrir con distintas ofertas. Otro obstáculo es el cartel de conflictivo que se le coloca al empresario escocido que pone a una administración en el punto de mira por sus sospechas. No han ganado este concurso pero hay muchos más cuya resolución está en las mismas manos, así que no interesa ponerse a malas aunque se sospeche que hay gato encerrado.
Luego están las escasas consecuencias para empresarios condenados, que abren otro negocio antes de lo que se tarda en cerrar el antiguo. Por eso ahora, entre las medidas propuestas para evitar el fraude, se habla de publicar una lista de personas condenadas por delitos de corrupción. Muchas buenas intenciones, pero la solución está más en el propio sector y sus agentes, ellos saben lo que se cuece y su silencio solo contribuye a que los metamos a todos en el mismo saco, porque aceptan la trampa y la fabada –sea asturiana o andaluza– como un peaje inevitable.
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