Por mucho que el CIS se empeñe en hacer el ridículo y publique una encuesta en la que pronostica que el PP puede convertirse en la cuarta fuerza política en número de votos, resulta evidente que -pese a perder apoyos- las opciones de que Pablo Casado acceda a la presidencia del gobierno tan pronto como se convoquen elecciones generales son muchas. Estas opciones se ven incrementadas exponencialmente a consecuencia de las vergonzosas concesiones de Sánchez al independentismo y A su errática gestión económica, así como A los navajazos que los líderes de Podemos se están propinando y que amenazan con reducir a cenizas el proyecto chavista que sostiene al presidente.

Aun siendo muchas las opciones de alcanzar el Gobierno, es cierto que el Partido Popular sigue lastrado por un serio problema de credibilidad. Buena parte de las promesas formuladas en los últimos tiempos ya fueron hechas en el pasado -bajada de impuestos, contundencia contra los golpistas, defensa de los derechos de los castellano hablantes, reforma del sistema de elección del CGPJ y otras semejantes-; algunas de ellas fueron lamentablemente incumplidas; y muchos de esos incumplimientos se produjeron en momentos en los que quienes ahora vuelven a prometer ostentaban cargos de responsabilidad. Es una realidad tan incómoda como irrebatible. El único modo de superar ese déficit de credibilidad es con hechos en la gestión allí donde se gobierne.

Esta reflexión es inevitable a la vista del anuncio realizado, con ocasión del primer Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno, de la voluntad de suprimir el impuesto de sucesiones y de encargar a la Consejería de Hacienda el estudio de la fórmula legal para hacerlo y conseguirlo "en unos cuantos meses". Si lo primero es digno de celebrar, lo segundo resulta preocupante. No se alcanza a comprender cómo es posible que habiendo sido la supresión del impuesto de sucesiones (no se olviden del de patrimonio....) uno de los pilares sobre los que pivotó la oposición al gobierno socialista, la fórmula técnica para cumplir lo prometido -que lleva aplicándose en otros lugares muchos años- no está ya más que estudiada, madurada, redactada y a punto de ser publicada en el BOJA.

Existen distintas vías para, de manera urgente y en apenas unos días, alcanzar el objetivo prometido de suprimir (bonificar al 99 para ser exactos) el impuesto y de acabar con el infierno fiscal que nos hace poco competitivos y provoca un éxodo de contribuyentes. No es admisible anunciar que la medida se aplicará en unos cuantos meses sin precisar cuándo ni indicar la vía elegida. La credibilidad hay que recuperarla, y de inmediato, con hechos: ni un día más de impuesto de sucesiones, los anuncios están bien pero no son suficientes.