La amnistía legal y avalada

El Tribunal Constitucional, por seis votos contra cuatro, avaló el jueves la plena constitucionalidad de la ley de amnistía aprobada en mayo de 2024 por el Congreso de los Diputados por 177 votos a favor y 172 en contra. La ley que borra todos los delitos cometidos durante el proceso independentista de Cataluña.

“Es una magnífica noticia para España, para la convivencia y para la coexistencia”, se apresuró a proclamar Pedro Sánchez, durante la cumbre de la OTAN, el día antes de que los magistrados del TC fallasen. En realidad ha sido una magnífica noticia para él, menos buena para España y pésima para el sistema democrático.

A él, a Pedro Sánchez, el Constitucional acaba de convalidarle la gran mentira en la que sustentó su segunda legislatura: que la amnistía a los implicados en el procés catalán era imposible por inconstitucional y que él nunca la aceptaría. Convicción tan firme como todas las suyas. Le duró hasta la noche en que perdió las elecciones generales de 2023 y entendió que solamente podría seguir en la Moncloa si amarraba para su investidura los siete votos dependientes del secesionista más –tristemente– afamado y levantisco. El que declaró la independencia de Cataluña un ratito y se fugó para no responder ante la Justicia de su golpe de Estado fallido.

“Hay que hacer de la necesidad virtud”, confesaba Sánchez aquella noche de fracaso electoral bajo la inspiración de Maquiavelo que ya nunca le ha abandonado. El buen gobernante se exige a sí mismo para hacer de la virtud necesidad. Pedro Sánchez, desde entonces, intenta hacer pasar por virtuoso lo que necesita para lograr un bien superior (el mantenimiento del poder).

Por increíble que parezca, esta mercancía defectuosa la ha comprado el Tribunal Constitucional. En la sentencia del jueves se alude expresamente a la posible arbitrariedad de la amnistía y a los hechos políticos que explican la intención de los legisladores (el pago por los siete votos para la investidura), pero para zanjar la cuestión con tremenda ligereza: una cosa es la ley y otra “la intención última de sus autores”, un asunto en el que el tribunal “no puede entrar”. Estupendo.

Con todo, si el máximo órgano de interpretación y vigilancia de la Constitución dice que la ley de amnistía es constitucional es que es constitucional. También fue un acto de corrupción política, inmoral y dañino para la democracia.